El Supremo tumba el indulto del Gobierno al nuevo capo de la seguridad privada

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el indulto al controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de uno de los conglomerados que más contratos de seguridad privada ha conseguido de la Administración Pública durante esta legislatura, Seguridad Integral Canaria, y presidente del club de fútbolUnión Deportiva Las Palmas. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, los magistrados han dictaminado que se debe anular la medida de gracia que le otorgó el Gobierno en noviembre de 2013 porque la resolución no tuvo en cuenta la posición del tribunal que le juzgó.
El indulto tramitado por el Ministerio de Justicia permitió a Ramírez evitar la cárcel. La Audiencia Provincial de Las Palmas le condenó en julio de 2011 por la ejecución de obras ilegales “a tres años y un día de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción por tiempo de tres años y un día, y a la pena de veinticuatro meses y un día de multa con una cuota diaria de sesenta euros”, además de obligarle a demoler la construcción ilegal.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy estimó su petición de indulto y le rebajó al condena de tres años y un día de prisión a sólo dos años, permitiéndole de ese modo escapar del paso por la cárcel. El Ejecutivo justificó esa decisión alegando que el presidente de Seguridad Integral Canaria no tenía antecedentes penales y que carecía de cualquier tipo de peligrosidad criminal, a pesar del criterio contrario de la Fiscalía y del Juzgado de Primera Instancia que lo juzgó.

La relación con el ministro Soria
El Alto Tribunal ha tumbado ahora esa resolución al considerar que el Gobierno no tuvo en cuenta la opinión de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el órgano que condenó finalmente a Ramírez. Tampoco habría sido escuchada la "parte ofendida por el delito" que cometió el empresario, tal y como exige la Ley de Indulto.

Además de las consecuencias penales que tiene, el dictamen añade nuevas dudas sobre el apoyo que Seguridad Integral Canaria ha encontrado en el Gobierno desde el inicio de la legislatura, una relación cuestionada también por la gran amistad que Ramírez mantiene con uno de los miembros del Ejecutivo, el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Como publicó este diario, el Ministerio de Defensa adjudicó el pasado mes de septiembre los servicios de vigilancia, alarma y seguridad de todas sus instalaciones a la compañía del empresario al que había indultado un año antes. En concreto, la compañía del presidente de la UD Las Palmas se llevó el primer y más importante lote del concurso, valorado en 31,8 millones de euros, tras conseguir una mejor puntuación que Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece.

Investigación por delito fiscal
En el proceso no sólo no se tuvo en cuenta la condena por un delito urbanístico del máximo responsable de la firma adjudicataria, sino que también se desechó que la Agencia Tributaria investiga a la empresa por haber defraudado 2,3 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 2008 y 2009 “al pagar fuera de la nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas”. La propia Agencia Tributaria está personada en el procedimiento que se instruye contra Ramírez por esos hechos.

Con todo, ninguno de esos casos fueron un obstáculo para que la compañía de seguridad, que hasta hace unos años tenía cifras de negocio más que modestas, lograra un nuevo contrato millonario de un organismo público dependiente del Ejecutivo. El pasado mes de marzo, Patrimonio Nacional le adjudicó la vigilancia y la seguridad de todos los edificios históricos que gestiona por un importe de 11 millones de euros. La institución encuadrada en Presidencia del Gobierno emitió un comunicado para defender la legalidad del concurso y aclarar que Seguridad Integral Canaria había certificado que estaba al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda.
Fuente: ELCONFIDENCIAL.ES

MARSEGUR llevada al parlamento autonómico

   Tras la manifestación de los trabajadores de la empresa de Marsegur frente a la Asamblea de Madrid, el pasado día 12 de noviembre, y mientras se celebraba un pleno, los únicos políticos que se interesaron por la situación de estos trabajadores fueron algunos miembros de Podemos, a través de Raúl Camargo, Elena Sevillano e Isabel Serra, que al salir del pleno de la asamblea hablaron con los manifestantes para interesarse por su protesta.

   Los diputados dejaron sus contactos a Rosa García (Secretaria de la Sección Sindical de SNT en Marsegur) que se encontraba manifestándose, para que le explicase detalladamente los problemas de los trabajadores de Marsegur. Después de algunas reuniones, los diputados se comprometieron en trasladar este asunto al Parlamento Autonómico de la Comunidad de Madrid, cosa que hizo Isabel Serra y muy bien, lo podéis comprobar en nuestro blog y canal deYoutube.

   Recordemos que estos trabajadores encargados de la seguridad de las residencias infantiles de la Comunidad de Madrid, tienen que soportar sueldos de 726€ mensuales, debido a una bajada salarial bestial, porque su dueño Miguel Ángel Ramírez (Seguridad Integral Canaria), no se acoge al Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad.

   La iniciativa parlamentaria acordada, que se presentará próximamente, solicita que la Comunidad de Madrid incluya en los pliegos de contratación de seguridad privada criterios laborales que como mínimo cumplan el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad Privada y el cumplimiento del Reglamento de Administraciones Públicas.

   Gracias Isabel, Raúl y Elena por acercaros a los problemas de los trabajadores y gracias Rosa por tu iniciativa, tu trabajo y tu lucha por los derechos laborales.  

Sindicato Nacional de Trabajadores

Podemos se reúne con sindicatos y trabajadores de seguridad privada

   El grupo parlamentario de Podemos se reunió el 15 de febrero con sindicatos y trabajadores de la seguridad privada para abordar los problemas del sector, así como elaborar una hoja de ruta conjunta y llevar una iniciativa a la Asamblea de Madrid, según un comunicado de Podemos.
   En la nota, la diputada de Podemos Isabel Serra explica los principales problemas del sector: "Nos encontramos con trabajadores que cobran salarios de 700 euros por 40 horas de trabajo semanales".
Además, añade, "las empresas se descuelgan del convenio estatal de seguridad privada, pese a que la Comunidad de Madrid incluye en los pliegos la obligatoriedad de que las empresas que realicen el servicio cumplan el convenio".
   "Sin embargo", según Serra, "la Comunidad se salta el reglamento de las Administraciones Públicas por contratar con empresas sobre las que hay sentencia firme, por ejemplo, Integral Canaria, por defraudar a Hacienda y Seguridad Social".
   La iniciativa parlamentaria acordada con sindicatos y trabajadores, que Podemos quiere presentar próximamente, solicita que la Comunidad de Madrid incluya en los pliegos de contratación de seguridad privada criterios laborales que "como mínimo" cumplan el Convenio Estatal de Seguridad Privada y el cumplimiento del Reglamento de Administraciones Públicas.

    Por parte de Podemos han asistido a la reunión las diputadas Isabel Serra y Elena Sevillano; y por los sindicatos, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores, del Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios, del Sindicato Libre de Seguridad, el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad, de la Unión Independiente de Trabajadores, de Espacio de Participación Sindical, de USO y UGT.

El 'capo' de la vigilancia logra un contrato con la Seguridad Social a la que debe 12 millones

Seguridad Integral Canaria se adjudica un contrato por valor de 300.000 euros para controlar los accesos y la seguridad de los edificios tinerfeños de la Tesorería General de la Seguridad Social

El presidente de Seguridad Integral Canaria y de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sabe nadar y guardar la ropa. Mientras afronta un proceso judicial que podría provocar el embargo de parte de sus bienes, a corto plazo, y penas mayores cuando haya sentencia, el mayor empresario de la seguridad privada de Canarias continúa haciendo negocio del modo más inverosímil.
Un informe de la Inspección de Trabajo presentado el pasado junio ante el Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria estableció durante la instrucción que la mercantil de Ramírez acumula una deuda de 12 millones de euros con la Tesorería General de la Seguridad Social. Este obstáculo, sin embargo, no ha impedido que el presidente de Seguridad Integral Canaria logre que la mismísima Tesorería continúe siendo su cliente.
Ayer mismo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó que la empresa de Ramírez ha logrado un contrato con la Seguridad Social de 300.000 euros. En concreto, se trata del servicio de vigilancia y seguridad de los edficios de la Dirección Provincial de Tenerife de la Tesorería General de la Seguridad Social para el año 2016, concurso ganado por Seguridad Integral Canaria por presentar, según se publica en el propio BOE, la oferta económica más ventajosa.
En el proceso judicial que mantiene imputados tanto a Ramírez como al administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, y a la propia mercantil, el magistrado Salvador Alba Mesa -sustituto de la juez Victoria Rosell, que se presentó como cabeza de lista por Podemos- ha establecido una fianza de 35 millones de euros para cubrir la cantidad supuestamente defraudada por Ramírez, al que la Agencia Tributaria acusó de contabilizar dietas estratosféricas para maquillar conceptos salariales sujetos a retención y evadir de este modo el control del fisco.

Fianza de 35 millones a Seguridad Integral Canaria

El propietario de la empresa y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, está acusado de haber defraudado más de 20 millones a Hacienda y la Seguridad Social.
 

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramínez, junto a sus abogados

 

El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha impuesto a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) una fianza de 35 millones para garantizar las posibles responsabilidades civiles del proceso por delitos de fraude fiscal que tiene abierto contra su propietario, Miguel Ángel Ramírez.

Dicha fianza se enmarca en el caso en el que se acusa a Ramírez, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, de haber defraudado más de 20 millones a Hacienda y la Seguridad Social camuflando de forma sistemática el pago de horas extras a los empleados de SIC como si fueran dietas, que no tributan.

El juez ha aceptado, además, dos peticiones de la Fiscalía: ampliar la investigación a los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 (hasta ahora, el proceso se ceñía a 2008 y 2009) y abrir una pieza de responsabilidad civil, con la exigencia de fianzas.

Según la acción inicial del Ministerio Público, el empresario podría haber defraudado durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, "particularmente realizando pagos a sus trabajadores fuera de nómina, abonando las horas extraordinarias como dietas y conceptos asimilados, de modo que eludió practicar retenciones sobre gran parte de los salarios de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria".

De esta forma, la mercantil supuestamente reducía la carga fiscal de los sueldos pagados y también reducía significativamente el coste de las cargas sociales, "puesto que las dietas están exentas de cotización a la Seguridad Social". Todo ello, según el auto, "producía como consecuencia adicional, ante el ahorro en costes de personal, una clara ventaja competitiva respecto de las demás empresas del sector".

Según un informe del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria en Canarias, la actuación de Seguridad Integral Canaria es, "desde el punto de vista tributario, más ventajosa aún para el presunto defraudador que el pago de salarios en 'B', ya que no sólo se ahorra las retenciones y cotizaciones a la Seguridad Social sino que además las cantidades pagadas son íntegramente deducibles del Impuesto de Sociedades".

En su comparecencia ante la Justicia llevada a cabo el pasado año, el empresario negó haber defraudado a Hacienda o a la Seguridad Social y acusó a USO de defender "intereses de la competencia" con la querella que le ha presentado por supuestas irregularidades en las nóminas de Seguridad Integral Canaria.

FUENTE: ELDIARIO.ES

El Sindicato Nacional de Trabajadores vuelve a denunciar al Palacio de Aranjuez

    Hace unos pocos meses denunciamos que a los vigilantes de seguridad de la empresa Seguridad Integral Canaria en el Palacio de Aranjuez, el propio cliente les impedía portar la defensa reglamentaria, hecho que pusimos en conocimiento a Seguridad Privada, y en pocos días procedieron a solucionar con su visita al centro de trabajo.
   Pues bien, ahora volvemos a denunciar que a los vigilantes de dicho servicio les obligan a portar un documento tipo carnet, colgado en una zona visible, donde aparece su nombre, apellidos y su D.N.I.
   El número de teléfono, la dirección y sus aficciones lo han debido de omitir porque carecían de espacio que si no...
   Colgamos la denuncia presentada por nosotros a Seguridad Privada:

   Gracias Paulino (EPS-SNT) por informarnos de tal irregularidad e ilegalidad.

Defender tus derechos, nuestra razón de ser

El Monasterio del escorial prohíbe la defensa reglamentaria a los vigilantes de seguridad

El Supremo anula el indulto parcial concedido a Miguel Ángel Ramírez (Presidente de Seguridad Integral Canaria)

Estima el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción-CODA contra el decreto que permitió conmutar la condena de tres años y un día de prisión impuesta al empresario canario por un delito contra la ordenación del territorio

 

El Tribunal Supremo ha revocado el indulto concedido por el Consejo de Ministros en 2013 al empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez y ha ordenado que el expediente se retome y se consulte a la Audiencia de Las Palmas.

Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y del grupo Ralons, había sido condenado a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, por haber realizado en 2004 una serie de obras ilegales en su vivienda, en un espacio protegido.

El Gobierno le evitó que ingresara en prisión con un indulto parcial que redujo su condena a dos años, pero con la condición de que derribara la obras ilegales citadas en la sentencia.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo anula ahora esa medida de gracia a petición de Ecologistas en Acción, en una sentencia que cuenta con un voto discrepante, porque dos de los siete magistrados que la firman consideran que esa ONG carece de interés concreto que le legitime para impugnar el indulto.

Sin embargo, la tesis mayoritaria del tribunal que ha revisado el caso se apoya en el hecho de que el Convenio Internacional de Aarhus, suscrito por España, reconoce la acción popular en asuntos medio ambientales (es decir, permite a cualquier ciudadano o asociación recurrir una decisión de ese tipo sin necesidad de tener un interés directo, sino solo invocando la defensa de la legalidad).

Para el TS, la repercusión medioambiental del delito que cometió Ramírez habita a Ecologistas en Acción a impugnar el indulto otorgado a su protagonista, como ONG de defensa de la naturaleza.

Dos magistrados discrepan

Los magistrados que discrepan no comparten esa interpretación y recuerdan dos circunstancias: que Ecologistas en Acción no se personó en la causa penal por la que se condenó a Ramírez, aunque pudo haberlo hecho, y que el indulto otorgado al empresario estaba expresamente condicionado a la demolición de las obras ilegalmente ejecutadas, con lo que ya se protegía el interés medioambiental.

El Supremo revoca la medida de gracia por un defecto de forma no achacable al Gobierno: un error respecto a qué tribunal debía informar sobre la conveniencia de otorgar ese indulto, de acuerdo con el procedimiento establecido para estos casos por la ley.

El Ministerio de Justicia pidió en su momento ese informe a la Audiencia de Las Palmas, pero esta derivó esa responsabilidad a la juez que había condenado a Ramírez en primera instancia: la titular del Juzgado de lo Penal número 5 de la capital grancanaria.

La juez informó en contra de la medida de gracia, porque no apreciaba "arrepentimiento ni concienciación de la ilicitud de su conducta" en el condenado y porque este todavía no había reparado el daño que habían ocasionado esas obras en su vivienda, situada en el paraje protegido de Pino Santo, en Gran Canaria.

Por su parte, la Fiscalía se declaró partidaria de no conceder a Ramírez un indulto completo, sino uno parcial y condicionado a la demolición de las obras, la tesis que luego siguió el Gobierno.

Sin embargo, el Supremo considera que, en este caso, el verdadero tribunal sentenciador a los efectos de lo que dispone la ley que regula los indultos era la Audiencia de Las Palmas, porque esta había corregido ligeramente la sentencia del Juzgado de lo Penal (confirmó la condena, pero añadió la orden de demolición).

Por eso, dispone que el expediente se retome y se le incorpore el informe preceptivo de la Audiencia Provincial, para que a partir de ahí el Gobierno tome la decisión "que estime oportuna".

FUENTE: ELDIARIO.ES

Acta 1. Despido Colectivo de vigilantes de Seguridad Integral Canaria

      Gracias FEDE por tus aportaciones a la reunión.

 ¡Qué tengas mucho éxito en las elecciones de OMBUDS!

 

Pincha aquí para descargar el documento en PDF

La trabajadores despedidos de Seguridad Integral Canaria se concentran en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Un numeroso grupo de trabajadores se han hecho sentir en una protesta masiva y ruidosa en las puertas del Ayuntamiento

   Los trabajadores han recordado que mientras la empresa de Miguel Ángel Ramirez continúa con sus abusos, que incluyen pagar en promedio 300 euros menos que el convenio del sector, horarios abusivos y persecución sindical, las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, siguen contratando empresas del Grupo Ralons, convirtiéndose en cómplices de los presuntos delitos de Ramírez.

   En la concentración, el coordinador de seguridad privada de intersindical canaria, jacinto ortega,  ha recordado la lucha que se mantien en la empresa contra el despido indiscriminado de los compañeros miembros del comité de empresa y comité de huelga, que llevó a cabo el empresario simplemente por manifestar su desacuerdo con los abusos constantes contra los trabajadores y trabajadoras de la empresa.

   Intersindical Canaria continuará movilizandose de manera sostenida hasta lograr la readmisión de los compañeros y el cumplimiento por parte de la empresa de la legislación vigente que Miguel Angel Ramírez pisotea constantemente.

 

FUENTE:SB-NOTICIAS

Reunión para la creación de la Mesa Negociadora (Despidos Colectivos) en Seguridad Integral Canaria

Seguridad Integral Canaria despide a 12 vigilantes por incapacidad temporal

   Seguridad Integral Canaria realizó un despido objetivo hace unos días a 12 trabajadores de Metro de Madrid, acogiéndose al artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Nos parece una forma poco honrosa y rastrera de deshacerse de los trabajadores, yendo a por los más débiles e indefensos.

   Tampoco nos parece bien las reuniones particulares que tienen otros sindicatos como SIV y UIT donde la empresa les informa sólo a ellos lo que concierne a la gran masa de los trabajadores de Metro. Las asuntos tan importantes como los despidos se deben de tratar antes que sucedan y no esconder la cabeza en la tierra como los avestruces esperando que no te vean y que no sucedan las cosas. Las cosas no se arreglan solas acosenjando que no recepcionen un papel y ya está.

   Sólo ha habido un sindicato que ha reaccionado rápidamente y se ha puesto a funcionar de inmediato, ese sindicato es EPS, y es el sindicato con el que actualmente colaboramos porque hace las cosas bien (VER Escrito 4).

   Estamos en el proceso de un ERE donde está en juego muchos puestos de trabajo y muchas familias que dependen de los mismos y lo único que se hace es esconder la cabeza o mirar hacia otro lado. Seguimos pidiendo a los trabajadores que luchen, pero ellos no ven luchar a la mayoría de sus representantes sindicales. Desde que se sabe que SIC iba a hacer reducciones muy duras de trabajadores en Metro ¿qué han hecho la mayoría de los sindicatos?

Escrito 4

Seguridad Integral Canaria logra el aval para trasladar valores, fondos y explosivos

Interior concede a la empresa canaria el certificado para transportar objetos de gran valor y materiales de alto riesgo por todo el país

   Seguridad Integral Canaria logra todos los estándares de seguridad exigidos por la ley para el traslado de valores, fondos así como de material explosivo de alto riesgo. El Ministerio de Interior ha concedido recientemente a la empresa canaria la certificación que lo acredita para ampliar sus servicios custodia conforme a las exigencias de la nueva Ley de Seguridad Privada, una de las más exigentes de Europa.

   Así, además del transporte de todo tipo de valores y materiales peligrosos, la nueva autorización permite también a Seguridad Integral Canaria, perteneciente del Grupo Ralons, el depósito y la custodia de explosivos, armas y cartuchería metálica; sustancias, materias, mercancías y cualquier objeto que por su peligrosidad precise de vigilancia y protección altamente cualificada.
   "Se trata de unos de los objetivos cumplidos de Seguridad Integral Canaria, que es la cobertura nacional de la custodia, depósito y transporte de valores y materiales peligrosos, lo que hace de nuestra empresa una de las punteras en Europa y, desde luego en España, en la prestación de servicios muy especializados con alta calificación", señala en un comunicado Héctor de Armas, administrador único de la empresa.

   La expansión al territorio nacional ha sido uno de los principales objetivo del Grupo Ralons, en los últimos años, hasta tal punto que en la actualidad cuenta con más de siete mil trabajadores. Esta nueva certificación del Ministerio del Interior permitirá a Seguridad Integral Canaria avanzar en ese objetivo prioritario de la marca, accediendo a este nuevo mercado de traslado de valores, fondos y material explosivo.

FUENTE: LAPROVINCIA.ES
 
Y MIENTRAS TANTO.... ¡¡DESPIDIENDO VIGILANTES EN METRO DE MADRID!!

Información a los vigilantes de Metro de Seguridad Integral Canaria

Seguridad Integral Canaria despide vigilantes en Metro y se expande por Estados Unidos

Ralons irrumpe en los Estados Unidos con la compra del 75% de NorthStar

La empresa de seguridad norteamericana opera en el estado de Florida con una facturación anual de 2,5 millones de euros y una plantilla de 200 trabajadores El grupo canario crea Ralons America Corp para operar en el mercado americano

 

   Ralons cumple con su objetivo de dar el salto a los Estados Unidos. El grupo canario anunció ayer la compra del 75% de las acciones de la empresa de seguridad NorthStar Security, con sede en Miami y con una plantilla aproximada de 200 personas. Un primer paso, señala la compañía que preside Miguel Ángel Ramírez, para crecer en el mercado americano.
   La compra de las tres cuartas partes de los títulos de NorthStar se llevó a cabo a través de la sociedad Ralons América Corp, propiedad de Ralons y matriz de la que dependerán Ralons Security -para la protección de organismos oficiales gubernamentales, instalaciones portuarias, centros educativos, edificaciones en construcción y centros turísticos- Ralons Facilities Services para la prestación de servicios de limpieza y de mantenimiento de fincas y entorno natural- así como apoyo a la salud y asistencia sanitaria con la marca Ralons Healthcare.
   NorthStar tiene una facturación anual aproximada de tres millones de dólares (2,5 millones de euros) y opera en todo el estado de Florida desde su actual sede en Key West, aunque, se apunta en un comunicado, a partir de ahora se trasladará a Coral Gables (Miami) para ampliar sus operaciones en principio a todo el estado. La meta más inmediata es desarrollar sus delegaciones en Tampa y Fort Lauderdale. La idea, sigue la nota, es ofrecer servicio de seguridad en el conjunto de los Estados Unidos.
   De hecho, el desembarco de Ralons en este nuevo mercado se hace a través de la marca Ralons Security. Para alcanzar sus objetivos de expansión el Grupo ha contratado los servicios de la consultora Cambridge Negociation Strategic a fin de reforzar su estrategia comercial.
   Ralons, que cuenta en la actualidad con 7.000 empleados, tiene su germen en la sociedad Seguridad Integral Canaria, creada en 1995 y líder en seguridad y transporte de fondos y valores en el Archipiélago y con presencia en todas las comunidades autónomas.
   El vicepresidente del grupo, Héctor de Armas, anunció días atrás que en 2013 superó los 120 millones de euros en facturación y el pasado año alcanzó los 150 millones; el objetivo para esta anualidad es crecer otros 13% más.
   La corporación, compuesta por once empresas de servicios que cubren desde la seguridad a la salud, pasando por la educación, el deporte, la innovación tecnológica en materia de seguridad, el medio ambiente o las lavanderías y servicios auxiliares, ha multiplicado sus cifras de ventas pese a la crisis económica desde los 84,2 millones de 2011 hasta los 150 millones de 2014.

FUENTE: LAPROVINCIA.ES

Seguridad Integral Canaria comienza con los despidos de los vigilantes de Metro

Trabajadores de Seguridad Integral Canaria convocan una huelga para los días clave de Navidad

La finalidad es reclamar que la compañía deje de aplicar el convenio de empresa, por el que se bajó 300 euros el sueldo de los trabajadores
La huelga afectará a los días 24, 25 y 31 de diciembre y a los días 1, 5 y 6 de enero

    Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria en la provincia de Las Palmas han convocado una huelga para los días clave de Navidad, 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero, con el fin de reclamar que la compañía deje de aplicar el convenio de empresa, vigente desde hace dos años, por el que se bajó en 300 euros el sueldo a los trabajadores, y que se vuelva al convenio estatal.

    "En los últimos tres años, la empresa ha aplicado primero un descuelgue de convenio hace tres años, en el cual, el TSJC lo echó atrás. Miguel Ángel Ramírez, lo recurrió al Tribunal Supremo " y cuando hace eso, al ver que le ha salido mal la jugada, decidió hacer un convenio de empresa, a la baja, por su puesto", aseguró el coordinador regional por Intersindical Canaria en el Sector de la Seguridad Privada, Jacinto Ortega.

    Aquí, agregó que dicho convenio supuso una merma de 300 euros mensuales para cada trabajador, alrededor de 1.000 en la provincia, y comentó que los sindicatos recurrieron al mismo al TSJC, que les dio la razón, volviendo a recurrir la compañía al Supremo.

    "Aunque la justicia le diga que no tiene razón, continuó, Ramírez sigue con las mismas y todavía sigue aplicando a todos los trabajadores lo mismo".

    Ortega comentó que no es sólo que Seguridad Integral Canaria no se quiera "poner al día" con los pagos, sino que sigue aplicando un convenio de empresa "que ya ha dicho la justicia que no tiene razón de ser".

    El sindicalista hizo especial hincapié en que ante esta situación, todos los sindicatos presentes en la compañía (IC, USO, CCOO y UGT) han decidido llevar a cabo la huelga. "Está claro que una huelga los 24, 25 y 31 de diciembre y 1,5 y 6 de enero son en días clave", apuntó.

"No queremos perjudicar a nadie" 

    "No queremos perjudicar a nadie con esto y entendemos que el primer perjudicado es el trabajador porque el que haga la huelga tendrá un descuento por día de 80 euros. Es un esfuerzo enorme pero que tengan claro, en relación a la empresa, que esta huelga va a ser secundada".

    En este sentido, Ortega señaló que la huelga afecta solo a la provincia de Las Palmas, que es el único sitio donde no se aplica el convenio estatal. "Es el único sitio donde Ramírez controla el comité de empresa". En Santa Cruz de Tenerife lo controlan los distintos sindicatos y en Madrid pasa lo mismo. El único sitio donde puede aplicar el convenio es aquí, y tampoco porque ya la ley le ha dicho que no", aseveró Ortega.

    Finalmente, expuso que el objetivo de esta movilización es que Seguridad Integral Canaria "ceda" y decida ponerse "a pagar lo que corresponde y lo que marca la ley".

La dirección de Seguridad Integral Canaria ha declinado valorar esta convocatoria.

Convocatoria de PAROS PARCIALES en Navidad de los Vigilantes de Metro de Seguridad Integral Canaria

Acta reunión del 21 de octubre de Seg. Integral Canaria