Denuncia a Ombuds sobre la Formación 14/03/16

Elecciones Parciales Marsegur 15 de marzo de 2016

El resultado de las elecciones parciales al comité de empresa de Marsegur en Madrid es el siguiente:

- STS: 1 miembro del comité
- SNT: 1 miembro del comité
- CCOO: 1 miembro del comité
- USO: 1 miembro del comité
- UGT: 0
- SLS: 0
- ALTERNATIVA SINDICAL: 0
- ATES: 0

Quedando así el comité de empresa actual de la siguiente manera:

- STS: 3 miembros del comité
- CCOO: 3 miembros del comité
- SNT: 1 miembro del comité
- UGT: 1 miembro del comité
- USO: 3 miembro del comité
-SIV: 1 miembro del comité

   Hemos sido el segundo sindicato más votado, contando con el hándicap de no contar con representación alguna en el actual comité, ni información suficiente, ni crédito sindical, etc.
   Gracias a todos los compañeros que habéis venido a votar y en especial a los que habéis depositado vuestra confianza en nosotros.
   Gracias a todos

                                                  Sindicato Nacional de Trabajadores

Solicitamos a Prosetecnisa vestuarios adecuados, taquillas,etc para los vigilantes de seguridad

 

Cifuentes encarga la seguridad de los juzgados a la firma de un exedil del PP

La vigilancia de 71 sedes judiciales de la Comunidad de Madrid recae por 9,4 millones de euros en una UTE integrada por Sasegur, compañía fundada por Jesús Capote, exconcejal popular de Urbanismo en Navalcarnero. El contrato se ha otorgado "con el precio como único criterio de adjudicación".

La presidenta Cristina Cifuentes y el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido. - Foto CAM / VP

   Uno de los contratos que más polémica había levantado últimamente en la Comunidad de Madrid, el de la vigilancia y seguridad de las 71 sedes judiciales de la región, ha terminado recayendo en una UTE (unión temporal de empresas) integrada por una firma vinculada a Jesús Capote Calvo, exedil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Navalcarnero (entregó el acta en el año 2000 tras diez meses como tránsfuga a raíz de un enfrentamiento con el alcalde). El que fuera concejal popular de Urbanismo en este municipio ha sido administrador único de Sasegur SL hasta 2013, fecha en que pasó a figurar como apoderado de la entidad, según consta en el Registro Mercantil. Al frente de la empresa, que se encuentra en el puesto 18º en el ranking eInforma del sector, le sustituye desde entonces su hijo Pedro Jesús Capote Conejos. 

   El Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) explicó este martes en una nota que el contrato, otorgado por un importe total de 9,4 millones de euros, había sido concedido mediante "concurso público" y "con el precio como único criterio de adjudicación, ya que las prestaciones están perfectamente definidas desde un punto de vista técnico y no es posible introducir modificaciones de ninguna clase". La Consejería de Presidencia y Justicia, que dirige Ángel Garrido, señaló que el procedimiento seguido ha sido el abierto para promover "la máxima concurrencia y posibilitar que todos los interesados pudieran presentar su oferta, garantizando una competencia efectiva". Sin embargo, ello sólo se buscaba sobre el papel, pues la realidad muestra un proceso que si bien fue legal, ha estado rodeado de demasiadas sombras.

   El Ejecutivo de Cifuentes informó este martes de que habían sido tres las empresas concurrentes (pero sólo dio el nombre de la adjudicataria): Sasegur SL, en UTE con Grupo On Seguridad, la opción ganadora; Alerta y Control SA, que ha sido la firma la que ha estado prestando el servicio hasta ahora, y Marsegur SA. En concreto, Alerta y Control SA ha venido cubriendo la seguridad de las 71 sedes judicial de la Comunidad mediante un "encargo directo con gasto a convalidar". Es decir, el plazo de ejecución del contrato que consiguió en abril de 2013 por 15 millones de euros era de dos años y en base a una prórroga terminó el pasado 31 de diciembre de 2015. Según las fuentes consultadas, Alerta y Control SA no quiso firmar otra prórroga, pero se vio obligada a seguir prestando el servicio durante enero, febrero y los primeros días de marzo de este año, ya que el Gobierno regional podía actuar en su contra, acogiéndose a la ley de contratos. Las mismas fuentes redondean en 1,5 millones de euros el dinero que ha costado esta prolongación de más de dos meses.

Mientras Alerta y Control SA ha realizado una oferta a la baja de 1.000 euros, la UTE Sasegur-Grupo On Seguridad ha hecho lo propio pero cediendo hasta en 150.000 euros, lo que le ha valido para hacerse con el contrato, indican las fuentes citadas. Para el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Vigilancia de la Contratación en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, no se entiende que el Gobierno regional sólo emplee el criterio precio, cuando también debería haber tenido en cuenta, por ejemplo, la capacidad tecnológica de la empresa y sus recursos materiales. Además, critica que la Dirección general de Justicia y Seguridad pidiera a la contratista asumir una bolsa de horas extra al año, de su propio bolsillo, sin poderlo repercutir en la Administración autonómica. Según Veloso, con la calculadora en la mano y en base a lo presupuestado y las tareas exigidas, los números no salen. Este contrato es "inviable económicamente". Para llegar a esta conclusión, subraya, basta sumar los costes salariales de los trabajadores, el número de horas de servicios, los pluses por uso de armas, el mantenimiento de las armas, de los arcos de seguridad, de las alarmas, de las cámaras de vigilancia... 

   De este modo, Veloso destaca que el contrato debería tener un importe mayor. Sobre todo, explica, porque se ha previsto un incremento de plantilla en 30 agentes con respecto al contrato que había con Alerta y Control SA, pasando así de 270 a 300. "Han sacado un nuevo contrato que tiene exactamente el mismo precio de adjudicación que el anterior, pero -y aquí está la clave- el anterior tenía menos vigilantes y menos armas". Por tanto, Veloso denuncia que el Ejecutivo de Cifuentes "quiera ahora por el mismo precio más vigilantes, más armas y más horas". De los 4 agentes armados pasarán a ser 20, con el aumento de coste que ello conlleva. Según el portavoz de C's, la directora general de Justicia y Seguridad, María Cristina Díaz Márquez, no explicó los motivos de este incremento en su comparecencia del pasado 1 de marzo.

   Asimismo, Veloso lamenta que Díaz Márquez achaque a "dificultades técnicas y presupuestarias" el no haber podido buscar otra solución legal más allá de dicho "encargo directo" a Alerta y Control SA, prologando su prestación del servicio durante más de dos meses. El portavoz de C's recalca, además, que si Alerta y Control SA se negó a firmar otra prórroga, fue porque "estaba incurriendo en pérdidas, al estar el contrato tan ajustado".

El indultado Miguel Ángel Ramírez, omnipresente

   En relación a Marsegur SA, el Gobierno madrileño afirma que "la propuesta no fue admitida, ya que su oferta fue recibida fuera del plazo de diez días que establece la ley desde que la Administración recibe el anuncio de su participación en el proceso". Marsegur SA es una filial de Seguridad Integral Canarial (SIC), cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol UD Las Palmas e indultado por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón (la medida de gracia ha sido revocada por el TS) de una condena a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En 2004, este empresario canario realizó obras ilegales en su vivienda, ubicada un espacio protegido.

   En el supuesto de que Marsegur SA hubiese presentado la documentación en tiempo, no se habría alzado de ninguna manera con el contrato de las sedes judiciales al tener un historial -como el de Seguridad Integral Canaria SA- que se caracteriza por el descuelgue del convenio estatal de seguridad. Una maniobra premeditada para ajustar su presupuesto y presentar una oferta más ventajosa económicamente. De ello daba cuenta el propio consejero de Justicia en la Asamblea de Madrid el pasado 11 de febrero tras una interpelación del también diputado de Ciudadanos Francisco Lara: "Y aun en el hipotético caso de que la empresa de referencia (Marsegur) hubiera podido participar, le comunico también, para su tranquilidad, en relación a todos los trabajadores que tengan relación con la Comunidad de Madrid, que el pliego técnico del concurso, en su artículo 1, establece que, en la prestación de los servicios de vigilancia y protección por personas físicas y jurídicas, las empresas deberán ajustarse a determinada normativa, entre la que se encuentra el convenio colectivo del sector y demás disposiciones concordantes".

   El pasado enero, Podemos denunció en la Cámara madrileña que el Gobierno de Cifuentes había consentido que los trabajadores de seguridad privada de los centros de menores regionales vieran su sueldo reducido considerablemente. La formación morada señaló que se les había bajado el salario un 33%, cobrando 750 euros por 40 horas semanales. Además, indicó que estos vigilantes eran contratados por Marsegur SA que "aunque se presente como independiente, es una filial encubierta de Seguridad Integral Canaria", también muy cuestionada por los sindicatos por sus descuelgues salariales del convenio estatal.

FUENTE: vozpopuli.com

Concentración vigilantes de Marsegur - 3 de marzo de 2016

Ayer día 3 de marzo se celebró una concentración/manifestación de vigilantes de seguridad de la empresa MARSEGUR, frente a la Asamblea de Madrid.

Se celebró para manifestar que se está en contra de la contratación, por parte de la Comunidad de Madrid, de empresas de seguridad que no se acogen al Convenio Colectivo Estatal. Pedimos la rescisión de su contrato YA!

El Sindicato Nacional de Trabajadores estuvo allí. El Secretario General y el de Organización entraron en la Asamblea para pedir audiencia a la presidencia. Finalmente nos invitaronn al próximo pleno, donde se votará las propuestas realizadas por SNT al grupo de PODEMOS.  

Gracias a todos los que acudisteis a apoyar a estos trabajadores y gracias a este grupo político que se acerca a los problemas laborales de los vigilantes de seguridad.

MARSEGUR llevada al parlamento autonómico

   Tras la manifestación de los trabajadores de la empresa de Marsegur frente a la Asamblea de Madrid, el pasado día 12 de noviembre, y mientras se celebraba un pleno, los únicos políticos que se interesaron por la situación de estos trabajadores fueron algunos miembros de Podemos, a través de Raúl Camargo, Elena Sevillano e Isabel Serra, que al salir del pleno de la asamblea hablaron con los manifestantes para interesarse por su protesta.

   Los diputados dejaron sus contactos a Rosa García (Secretaria de la Sección Sindical de SNT en Marsegur) que se encontraba manifestándose, para que le explicase detalladamente los problemas de los trabajadores de Marsegur. Después de algunas reuniones, los diputados se comprometieron en trasladar este asunto al Parlamento Autonómico de la Comunidad de Madrid, cosa que hizo Isabel Serra y muy bien, lo podéis comprobar en nuestro blog y canal deYoutube.

   Recordemos que estos trabajadores encargados de la seguridad de las residencias infantiles de la Comunidad de Madrid, tienen que soportar sueldos de 726€ mensuales, debido a una bajada salarial bestial, porque su dueño Miguel Ángel Ramírez (Seguridad Integral Canaria), no se acoge al Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad.

   La iniciativa parlamentaria acordada, que se presentará próximamente, solicita que la Comunidad de Madrid incluya en los pliegos de contratación de seguridad privada criterios laborales que como mínimo cumplan el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad Privada y el cumplimiento del Reglamento de Administraciones Públicas.

   Gracias Isabel, Raúl y Elena por acercaros a los problemas de los trabajadores y gracias Rosa por tu iniciativa, tu trabajo y tu lucha por los derechos laborales.  

Sindicato Nacional de Trabajadores

Podemos se reúne con sindicatos y trabajadores de seguridad privada

   El grupo parlamentario de Podemos se reunió el 15 de febrero con sindicatos y trabajadores de la seguridad privada para abordar los problemas del sector, así como elaborar una hoja de ruta conjunta y llevar una iniciativa a la Asamblea de Madrid, según un comunicado de Podemos.
   En la nota, la diputada de Podemos Isabel Serra explica los principales problemas del sector: "Nos encontramos con trabajadores que cobran salarios de 700 euros por 40 horas de trabajo semanales".
Además, añade, "las empresas se descuelgan del convenio estatal de seguridad privada, pese a que la Comunidad de Madrid incluye en los pliegos la obligatoriedad de que las empresas que realicen el servicio cumplan el convenio".
   "Sin embargo", según Serra, "la Comunidad se salta el reglamento de las Administraciones Públicas por contratar con empresas sobre las que hay sentencia firme, por ejemplo, Integral Canaria, por defraudar a Hacienda y Seguridad Social".
   La iniciativa parlamentaria acordada con sindicatos y trabajadores, que Podemos quiere presentar próximamente, solicita que la Comunidad de Madrid incluya en los pliegos de contratación de seguridad privada criterios laborales que "como mínimo" cumplan el Convenio Estatal de Seguridad Privada y el cumplimiento del Reglamento de Administraciones Públicas.

    Por parte de Podemos han asistido a la reunión las diputadas Isabel Serra y Elena Sevillano; y por los sindicatos, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores, del Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios, del Sindicato Libre de Seguridad, el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad, de la Unión Independiente de Trabajadores, de Espacio de Participación Sindical, de USO y UGT.

Acta de constitución del comité de empresa de Segur Ibérica Madrid 2015-2019

Pincha aquí para descargar el Acta en pdf

Segur Ibérica miente una vez más al inspector de trabajo

   Era de esperar, una vez más, que Segur Ibérica hiciera su jugada para librarse de una posible sanción de la ITSS o para evadir responsabilidades y hacer frente a los problemas diario de los vigilantes en el servicio de Metro. Lo primero; mientiendo al inspector de trabajo diciendole que nos habían comunicado la cita de la inspección, MENTIRA, lo segundo; mintiendole al inspector en el procedimiento de comunicación de los vigilantes con sus emisoras, MENTIRA.

• Todos los vigilantes cuenta con un modelo u otro de emisora y se están renovando MENTIRA
• Instrucciones terminantes de que permanezcan juntos siempre MENTIRA
• No se generan situaciones de riesgo que no se puedan comunicar MENTIRA
• Todos los equipos están concetados con el Puesto Central de Seguridad MENTIRA  
• En todas las estaciones hay cobertura de telefonía móvil MENTIRA  

   Siendo bien pensados, podemos casi comprender que, el responsable de la dirección jurídica y la responsable de personal puedan no conocer la operatividad de las emisoras de los vigilantes de Metro, pero el Jefe de Proyecto de Metro, dado sus conocimientos en 5 años en Metro, demuestra la poca importancia que le tiene a sus trabajadores, al no afrontar el problema diario de la falta de comunicación de los vigilantes que prestan servicios en las patrullas, problema que tiene que solucionar Metro pero a petición de la empresa. Bravo!! por faltar a la verdad al inspector de trabajo y encubrir dicha reunión, la que nunca se nos comunicó.
   Tomaremos las medidas oportunas para que el inspector de trabajo conozca la verdad.
  Gracias Jefe
 

Pincha aquí para ver la denuncia 

Tenemos el video de la reunión con el inspector de trabajo , pincha para ver el video.

ACTA 2 - Traslado forzoso de los vigilantes de Metro de Madrid

  

 Si quieres ver el Acta en PDF pincha aquí

Renfe reparte entre nueve empresas su 'macrocontrato' de seguridad y vigilancia de 173 millones

Renfe ha repartido entre nueve compañías el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad en sus estaciones e instalaciones para los próximos tres años por un importe conjunto de 173 millones de euros.
Se trata de uno de los 'macrocontratos' promovidos o resueltos por la compañía ferroviaria en los últimos meses, junto con los de implantación de 'wifi' en los trenes AVE, el de servicios de limpieza o el de suministro de nuevos trenes de Alta Velocidad.
En el caso del contrato de seguridad, la operadora ha resuelto contratarlo con nueve compañías. Se trata de Eulen, Prosegur, Ombuds, Segur Ibérica, Garda Servicios de Seguridad, Mega 2 Seguridad, Protección y Seguridad Técnica, Servicios Integrales de Seguridad y Transportes Blindados.
Segur Ibérica y Prosegur se han hecho con los dos lotes de mayor importe, de 27,68 y 24,08 millones de euros, respectivamente, según datos oficiales de Renfe que recoge Europa Press. El correspondiente a Eulen se ha contratado en 16,81 millones de euros y el de Ombuds asciende a 17,61 millones.
Asimismo, el lote que ha conseguido Garda Servicios se sitúa en 18,10 millones, el de Mega 2 Seguridad en 19,9 millones, el de Protección y Seguridad en 18,08 millones, el de Servicios Integrales de Seguridad en 16,45 millones y el de Transportes Blindados, en 17,10 millones.
En virtud del contrato, estas compañías deberán prestar servicios de guardias de seguridad y de vigilancia en las estaciones de tren competencia de Renfe, esto es, las de Cercanías, así como en las oficinas y el resto de instalaciones de la operadora durante un periodo de tres años.
'MACROCONTRATOS'.
El contrato se enmarca en la estrategia de la operadora de agrupar en un sólo contrato los distintos tipos de servicios que contrata con el fin de lograr ventajas y optimizar su coste.
En este sentido, Renfe tiene actualmente pendiente de adjudicación el correspondiente a la prestación de servicios de limpieza a todos los trenes y todas las instalaciones de la empresa para los dos próximos años, estimado en 123 millones de euros.
Tras adjudicar a finales de 2015 a Telefónica el contrato de suministro de servicio 'wifi' en los trenes AVE, la compañía tiene también abierto el contrato de suministro de treinta nuevos trenes de Alta Velocidad, un 'macropedido' de 2.642 millones.


FUENTE: www.eleconomista.es

Renfe reparte entre nueve empresas su 'macrocontrato' de seguridad y vigilancia de 173 millones

Renfe ha repartido entre nueve compañías el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad en sus estaciones e instalaciones para los próximos tres años por un importe conjunto de 173 millones de euros. Se trata de uno de los 'macrocontratos' promovidos o resueltos por la compañía ferroviaria en los últimos meses, junto con los de implantación de 'wifi' en los trenes AVE, el de servicios de limpieza o el de suministro de nuevos trenes de Alta Velocidad. En el ...

Leer mas: http://www.europapress.es/economia/noticia-renfe-reparte-nueve-empresas-macrocontrato-seguridad-vigilancia-173-millones-20160119134306.html

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OMBUDS echa a los vigilantes de Metro de Madrid - ACTA 1

   Ombuds se ampara en el Estatuto de los Trabajadores (art. 40 y 41) para sacar forzosamente a los vigilantes de Metro de Madrid.

   La empresa quiere aplicar el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores (Movilidad geográfica)

  "El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.
La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad.
Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades..."
   También tiene intención de aplicar el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores (Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo)
"La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.
Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:
a) Jornada de trabajo. 
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 
c) Régimen de trabajo a turnos. 
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 
e) Sistema de trabajo y rendimiento. 
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley...."