MARSEGUR llevada al parlamento autonómico

   Tras la manifestación de los trabajadores de la empresa de Marsegur frente a la Asamblea de Madrid, el pasado día 12 de noviembre, y mientras se celebraba un pleno, los únicos políticos que se interesaron por la situación de estos trabajadores fueron algunos miembros de Podemos, a través de Raúl Camargo, Elena Sevillano e Isabel Serra, que al salir del pleno de la asamblea hablaron con los manifestantes para interesarse por su protesta.

   Los diputados dejaron sus contactos a Rosa García (Secretaria de la Sección Sindical de SNT en Marsegur) que se encontraba manifestándose, para que le explicase detalladamente los problemas de los trabajadores de Marsegur. Después de algunas reuniones, los diputados se comprometieron en trasladar este asunto al Parlamento Autonómico de la Comunidad de Madrid, cosa que hizo Isabel Serra y muy bien, lo podéis comprobar en nuestro blog y canal deYoutube.

   Recordemos que estos trabajadores encargados de la seguridad de las residencias infantiles de la Comunidad de Madrid, tienen que soportar sueldos de 726€ mensuales, debido a una bajada salarial bestial, porque su dueño Miguel Ángel Ramírez (Seguridad Integral Canaria), no se acoge al Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad.

   La iniciativa parlamentaria acordada, que se presentará próximamente, solicita que la Comunidad de Madrid incluya en los pliegos de contratación de seguridad privada criterios laborales que como mínimo cumplan el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad Privada y el cumplimiento del Reglamento de Administraciones Públicas.

   Gracias Isabel, Raúl y Elena por acercaros a los problemas de los trabajadores y gracias Rosa por tu iniciativa, tu trabajo y tu lucha por los derechos laborales.  

Sindicato Nacional de Trabajadores

Podemos se reúne con sindicatos y trabajadores de seguridad privada

   El grupo parlamentario de Podemos se reunió el 15 de febrero con sindicatos y trabajadores de la seguridad privada para abordar los problemas del sector, así como elaborar una hoja de ruta conjunta y llevar una iniciativa a la Asamblea de Madrid, según un comunicado de Podemos.
   En la nota, la diputada de Podemos Isabel Serra explica los principales problemas del sector: "Nos encontramos con trabajadores que cobran salarios de 700 euros por 40 horas de trabajo semanales".
Además, añade, "las empresas se descuelgan del convenio estatal de seguridad privada, pese a que la Comunidad de Madrid incluye en los pliegos la obligatoriedad de que las empresas que realicen el servicio cumplan el convenio".
   "Sin embargo", según Serra, "la Comunidad se salta el reglamento de las Administraciones Públicas por contratar con empresas sobre las que hay sentencia firme, por ejemplo, Integral Canaria, por defraudar a Hacienda y Seguridad Social".
   La iniciativa parlamentaria acordada con sindicatos y trabajadores, que Podemos quiere presentar próximamente, solicita que la Comunidad de Madrid incluya en los pliegos de contratación de seguridad privada criterios laborales que "como mínimo" cumplan el Convenio Estatal de Seguridad Privada y el cumplimiento del Reglamento de Administraciones Públicas.

    Por parte de Podemos han asistido a la reunión las diputadas Isabel Serra y Elena Sevillano; y por los sindicatos, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores, del Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios, del Sindicato Libre de Seguridad, el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad, de la Unión Independiente de Trabajadores, de Espacio de Participación Sindical, de USO y UGT.

El Supremo anula el indulto parcial concedido a Miguel Ángel Ramírez (Presidente de Seguridad Integral Canaria)

Estima el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción-CODA contra el decreto que permitió conmutar la condena de tres años y un día de prisión impuesta al empresario canario por un delito contra la ordenación del territorio

 

El Tribunal Supremo ha revocado el indulto concedido por el Consejo de Ministros en 2013 al empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez y ha ordenado que el expediente se retome y se consulte a la Audiencia de Las Palmas.

Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y del grupo Ralons, había sido condenado a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, por haber realizado en 2004 una serie de obras ilegales en su vivienda, en un espacio protegido.

El Gobierno le evitó que ingresara en prisión con un indulto parcial que redujo su condena a dos años, pero con la condición de que derribara la obras ilegales citadas en la sentencia.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo anula ahora esa medida de gracia a petición de Ecologistas en Acción, en una sentencia que cuenta con un voto discrepante, porque dos de los siete magistrados que la firman consideran que esa ONG carece de interés concreto que le legitime para impugnar el indulto.

Sin embargo, la tesis mayoritaria del tribunal que ha revisado el caso se apoya en el hecho de que el Convenio Internacional de Aarhus, suscrito por España, reconoce la acción popular en asuntos medio ambientales (es decir, permite a cualquier ciudadano o asociación recurrir una decisión de ese tipo sin necesidad de tener un interés directo, sino solo invocando la defensa de la legalidad).

Para el TS, la repercusión medioambiental del delito que cometió Ramírez habita a Ecologistas en Acción a impugnar el indulto otorgado a su protagonista, como ONG de defensa de la naturaleza.

Dos magistrados discrepan

Los magistrados que discrepan no comparten esa interpretación y recuerdan dos circunstancias: que Ecologistas en Acción no se personó en la causa penal por la que se condenó a Ramírez, aunque pudo haberlo hecho, y que el indulto otorgado al empresario estaba expresamente condicionado a la demolición de las obras ilegalmente ejecutadas, con lo que ya se protegía el interés medioambiental.

El Supremo revoca la medida de gracia por un defecto de forma no achacable al Gobierno: un error respecto a qué tribunal debía informar sobre la conveniencia de otorgar ese indulto, de acuerdo con el procedimiento establecido para estos casos por la ley.

El Ministerio de Justicia pidió en su momento ese informe a la Audiencia de Las Palmas, pero esta derivó esa responsabilidad a la juez que había condenado a Ramírez en primera instancia: la titular del Juzgado de lo Penal número 5 de la capital grancanaria.

La juez informó en contra de la medida de gracia, porque no apreciaba "arrepentimiento ni concienciación de la ilicitud de su conducta" en el condenado y porque este todavía no había reparado el daño que habían ocasionado esas obras en su vivienda, situada en el paraje protegido de Pino Santo, en Gran Canaria.

Por su parte, la Fiscalía se declaró partidaria de no conceder a Ramírez un indulto completo, sino uno parcial y condicionado a la demolición de las obras, la tesis que luego siguió el Gobierno.

Sin embargo, el Supremo considera que, en este caso, el verdadero tribunal sentenciador a los efectos de lo que dispone la ley que regula los indultos era la Audiencia de Las Palmas, porque esta había corregido ligeramente la sentencia del Juzgado de lo Penal (confirmó la condena, pero añadió la orden de demolición).

Por eso, dispone que el expediente se retome y se le incorpore el informe preceptivo de la Audiencia Provincial, para que a partir de ahí el Gobierno tome la decisión "que estime oportuna".

FUENTE: ELDIARIO.ES