El presidente de Seguridad Integral Canaria y de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sabe nadar y guardar la ropa. Mientras afronta un proceso judicial que podría provocar el embargo de parte de sus bienes, a corto plazo, y penas mayores cuando haya sentencia, el mayor empresario de la seguridad privada de Canarias continúa haciendo negocio del modo más inverosímil.
Un informe de la Inspección de Trabajo presentado el pasado junio ante el Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria estableció durante la instrucción que la mercantil de Ramírez acumula una deuda de 12 millones de euros con la Tesorería General de la Seguridad Social. Este obstáculo, sin embargo, no ha impedido que el presidente de Seguridad Integral Canaria logre que la mismísima Tesorería continúe siendo su cliente.
Ayer mismo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó que la empresa de Ramírez ha logrado un contrato con la Seguridad Social de 300.000 euros. En concreto, se trata del servicio de vigilancia y seguridad de los edficios de la Dirección Provincial de Tenerife de la Tesorería General de la Seguridad Social para el año 2016, concurso ganado por Seguridad Integral Canaria por presentar, según se publica en el propio BOE, la oferta económica más ventajosa.
En el proceso judicial que mantiene imputados tanto a Ramírez como al administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, y a la propia mercantil, el magistrado Salvador Alba Mesa -sustituto de la juez Victoria Rosell, que se presentó como cabeza de lista por Podemos- ha establecido una fianza de 35 millones de euros para cubrir la cantidad supuestamente defraudada por Ramírez, al que la Agencia Tributaria acusó de contabilizar dietas estratosféricas para maquillar conceptos salariales sujetos a retención y evadir de este modo el control del fisco.
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