Los vigilantes de seguridad privada que prestan servicio en edificios públicos viven constantemente a la expectativa de cuál será la próxima empresa que contrate la Administración. Si es una mercantil que se adecua al convenio colectivo del sector, estos profesionales respiran. Podrán seguir cobrando 1.100 euros durante unos cuantos meses más. Si la sociedad a la que se le adjudica el contrato es de las que ellos denominan 'piratas', la cosa se complica. Los afectados automáticamente piensan en sus hijos y en si podrán a partir de ahora seguir haciendo frente a esa multitud de necesidades que tienen los pequeños diariamente.
En este segundo caso se sitúan las decenas de vigilantes que trabajan en los edificios de las oficinas de turismo y cultura de la Comunidad de Madrid, dependientes de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno presidido por Cristina Cifuentes. Estos departamentos otorgaron el pasado 16 de julio los servicios de control de accesos a Sinergias de Seguridad y Vigilancia, compañía que los empleados enmarcan en el conjunto de las que, acogiéndose en ocasiones a la reforma laboral, se descuelgan del convenio colectivo.
El Sindicato Libre de Seguridad (SLS), que aglutina a gran parte de los profesionales afectados, recurrió la decisión del Ejecutivo regional, pero únicamente logró que la Comunidad de Madrid retrasara tres días la adjudicación. Los vigilantes vieron cómo de la noche a la mañana perdían casi 400 euros mensuales de sueldo (de los 1.100 euros que cobraban, pasaban a poco más de 740) y comenzaron a organizarse para protestar.
A partir del próximo 25 de agosto, estos profesionales se pondrán en huelga con unos servicios mínimos que no ha querido pactar aún la Comunidad de Madrid
A partir del próximo 25 de agosto, estos profesionales -convocados por el mencionado sindicato- se pondrán en huelga con unos servicios mínimos que, según aseguran desde SLS, no ha querido pactar aún la Comunidad de Madrid. Los responsables del sindicato argumentan en un comunicado que "desde hace más de un año" vienen reclamando al Gobierno regional que contrate empresas que respeten el convenio colectivo, pero observan cómo el Ejecutivo autonómico hace caso omiso a sus reivindicaciones. "A pesar de nuestro empeño, siguen adjudicando los servicios de seguridad a empresas como Sinergias", subrayan.
"Para la Administración, al final es solo cuestión de ahorro", asegura el sindicato, que añade que a la Administración "le importan un pimiento" las consecuencias que sus decisiones tienen sobre los trabajadores. Argumentan que la justicia es lenta y recuerdan casos como el de Magasegur, al que los tribunales anularon finalmente el convenio por pagar un 20% por debajo.
La concesión del servicio a Sinergias ha trascendido también a nivel político. En concreto, a la Asamblea de Madrid. El Grupo Parlmentario de Ciudadanos, a través del diputado Francisco Lara, ha solicitado la comparecencia del viceconsejero de Presidencia, Enrique Ruiz, en comisión "con el objeto de informar sobre las medidas adoptadas ante el anuncio de la convocatoria de huelga".
El pasado marzo, los vigilantes que protegen el edificio que el Ministerio de Presidencia del Gobierno de España tiene en el número 54 de la madrileña avenida de Manoteras -que alberga parte de las instalaciones donde se hace el Boletín Oficial del Estado (BOE)- pasaron a depender de la mercantil Sinergias de Vigilancia y Seguridad, como publicó el propio BOE tras sacar a concurso el servicio el pasado 9 de diciembre. Los cerca de 30 empleados vieron reducido su sueldo en cantidad similar a la que han perdido sus compañeros de las oficinas de turismo y cultura de la Comunidad de Madrid
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