Permisos retribuidos para votar

Vestuarios en mal estado de G.O.P. de Renfe

El PSOE quiere que los sindicatos, y no los comités, negocien los convenios

   El PSOE es partidario de modificar el actual esquema de la negociación colectiva para que sean los sindicatos los que asuman la tarea de acordar los convenios con la dirección, en vez de que lo hagan los comités de empresa, como viene ocurriendo desde hace 30 años.
   Esta medida se recoge en la reforma del Estatuto de los Trabajadores que el PSOE ha dado a conocer hoy y que también presenta como novedad la reducción a tres de las modalidades de contrato -indefinido, temporal y de relevo y formación- para combatir la precariedad laboral.
   Las líneas maestras de la reforma del Estatuto de los Trabajadores las ha desgranado la secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez, en un encuentro con los medios en la sede de Ferraz antes de que el líder socialista, Pedro Sánchez, lo exponga en el Senado ante los parlamentarios del grupo socialista.
   Según el PSOE, como ocurre en la mayoría de países europeos, los sindicatos deben pasar a ser los "protagonistas" de la negociación colectiva tanto en el sector como dentro de la empresa" porque "hoy no lo son", ha opinado Rodríguez.
   Con la propuesta de los socialistas, los comités de empresa seguirán existiendo para legitimar la actuación de los sindicatos en la compañía y desempeñar labores de consulta e información a los trabajadores, pero perderían la potestad de negociar los convenios.

Mayoría en el comité

   La pretensión del PSOE es que sean las secciones sindicales -las que tengan mayoría dentro del comité de empresa- las que asuman la negociación para evitar las "incoherencias" que se dan hoy en día en los convenios que se fijan en empresas del mismo sector.
   "Nos interesa el diseño de quién negocia y no dónde se negocia", ha sintetizado Rodríguez, quien ha recordado que la gran mayoría de los comités de empresa están sindicalizados.
   El nuevo esquema de negociación colectiva planteado por el PSOE estipula además que los convenios fijen las cuotas de temporalidad para poner coto a la proliferación de contratos no indefinidos.
   Para combatir la precariedad, el PSOE propone dejar en tres las modalidades de contrato, que pasarían a ser indefinido, temporal y de relevo y formación, respecto a las cuatro que hay vigentes en la actualidad.

Tres tipos de contratos

   Los socialistas rechazan el contrato único, que postulan Ciudadanos y UPyD, porque supondría "la conversión de todos los trabajadores en temporales y precarios".
   La propuesta del PSOE es que no puedan cubrirse puestos de trabajo permanentes con contratos temporales y que ningún contrato temporal pueda durar más de un año.
   No obstante, se admite que la negociación colectiva pueda extender este límite a dos años en función de las necesidades de cada sector.
   Rodríguez ha recordado que en 2014, se hicieron 16,7 millones de contratos en España, de los que 15,3 millones fueron de carácter temporal, lo que ha situado la tasa de este tipo de contratación en el 24,2 por ciento.
   "Está claro cuál es el modelo de empleo que se está generando en el país con el PP. Tenemos miles de puestos de trabajo cubiertos con millones de contratos de trabajo temporales que la gran mayoría no responden a la legalidad vigente. Ha llegado el momento de dar un cambio radical a esta situación", ha asegurado la dirigente socialista.
   El PSOE considera también necesario que se ponga freno a la contratación de "falsos autónomos" que trabajan como si fueran empleados por cuenta ajena de la empresa y que con las becas "no se encubran contratos de trabajo".

Sueldos y productividad

   Otra medida que se plantea en el nuevo Estatuto de los Trabajadores es reformar el trabajo a tiempo parcial para evitar situaciones de explotación y para que en el contrato se fije el horario del trabajador.
   El PSOE defiende la subida del salario mínimo interprofesional, vincular los sueldos a la productividad, acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres y que los subcontratados por una empresa cobren lo mismo que los empleados de su plantilla.
   Según Rodríguez, con la modificación del Estatuto de los Trabajadores de 1980, que fue actualizado en 1995, se trata de que este ordenamiento vuelva a ser "una carta laboral para recuperar los derechos de los trabajadores devastados por la crisis y las contrarreformas del PP".

FUENTE: ELMUNDO.ES

2 clases de economistas

ADIF saca a concurso público en Junio la seguridad que abandonó Falcon

  

   El administrador ferroviario Adif ha aprobado la licitación del contrato de servicios de vigilancia y seguridad para las zonas centro y sur por un importe de 19.699.163 euros.
   Este contrato abarca las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, según ha señalado hoy la compañía.
   La extensión del mismo será de 15 meses, a contar desde el 1 junio de 2015. El contrato licitado incluye los servicios de vigilancia y seguridad en estaciones de viajeros, terminales de mercancías, edificios técnicos y administrativos, así como en infraestructuras viarias de las zonas centro (Madrid, Albacete, Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Guadalajara) y sur (Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Cáceres y Badajoz).
   Adif vuelve a sacar a concurso de seguridad y vigilancia, los lotes 1 y 2 (Centro y Sur), los cuales la empresa Falcon renunció al contrato en las pasadas navidades, dejando de abonar las 3 últimas nóminas a los vigilantes de toda España. 
  Ese vacio lo llenó rápidamente y provisionalmente, las empresas Prosegur y Segur Ibérica, haciéndose cargo de todos los vigilantes del territorio nacional, hasta que ahora ADIF lo ha sacado a concurso público.
   Esperemos que los futuros ganadores de estos contratos NO sean empresas como MARSEGUR (700€/VS) y SI sean empresas que respeten el Convenio Colectivo del Sector y los derechos de los trabajadores.

Solucionado el problema del vestuario de atocha, de momento

   

   Obtenemos respuesta más concreta del Inspector de Trabajo, sobre el tema de la inundación del vestuario de Atocha, del que la empresa Segur Ibérica se desentendía hasta que denunciamos tal situación de los compañeros.

Pincha aquí para ver la Denuncia

Pincha aquí para ver la Primera respuesta de la I. T.

Política denuncia precariedad laboral de los vigilantes del Ayuntamiento de Madrid (Marsegur)

   A muchos políticos les entrará por un oído y les saldrá por otro, pero bueno, ahí queda. Tenemos que aplaudir que al menos le dediquen 2 minutos en una Comisión del Ayuntamiento de Madrid y se demuestre toda la basura que hay en las Liciticaciones Públicas. Licitaciones que sólamente se mira lo barato, sin importarles si se está respetando los derechos de los trabajadores.

¡¡Baja el paro!!

Realizamos consulta a Seguridad Privada

¿Porqué unas muertes pesan menos que otras...?

Vigilantes 'públicos' a 700 € al mes en el Ayuntamiento de Madrid

Los guardias de 44 edificios y bibliotecas públicas contratados por la empresa Marsegur pelean en los tribunales contra sus condiciones laborales «de esclavitud» 

 

Los vigilantes de seguridad del Templo de Debod cobran 700 euros brutos al mes. Ni cinco euros a la hora por custodiar un monumento con 2.200 años de historia. Su caso no es anecdótico. La misma nómina exigua, casi idéntica al Salario Mínimo Interprofesional, la reciben quienes cuidan del Museo de Historia de Madrid, el centro cultural Conde Duque y el Planetario...
Todos ellos trabajan para la empresa privada Marsegur, que el pasado mes de septiembre se hizo con el concurso del Ayuntamiento de la capital (PP) para proteger 44 edificios y bibliotecas públicas durante un periodo de un año. Hasta entonces los miembros de la plantilla cobraban 1.000 euros. Lo primero que hizo la nueva adjudicataria, obligada a subrogar a los 90 trabajadores, fue recortar esa cifra un 30%.
La situación es similar a lo que ha pasado con los últimos contratos municipales, adjudicados a las ofertas económicas más bajas. En este caso en concreto, según las estimaciones realizadas por el propio Gobierno local, el servicio tenía un valor de 3,7 millones de euros, pero ya se sacó a licitación con una rebaja importante: 2,2 millones. A su vez, la compañía ganadora se ha comprometido a realizarlo por 1,8 millones, un 21% menos del presupuesto máximo asignado y un 50% más barato de lo que en teoría cuesta.
La traducción de toda esta amalgama numérica es la mencionada reducción en los salarios y, como consecuencia de ella, «la gente no va a trabajar motivada, baja la productividad y además hay temor a nuevos recortes; pasar de cobrar 1.000 euros a 700 euros de un mes para otro implica muchas familias endeudadas», explica Luis Bernal, portavoz del Sector Seguridad Privada de CCOO.

Más que despidos, huidas

En este momento, según José Olmo, secretario sectorial de Seguridad y Servicios Auxiliares de UGT Madrid, «lo que no hay es amenaza de despidos, casi al revés: quien encuentra algo mejor lógicamente se va». «Las empresas tiran los precios para ganar los concursos y después tienen que racanear en todo, desde la formación hasta los uniformes».
Todo este malestar laboral ha tenido su reflejo en varios frentes judiciales y administrativos, la mayoría de ellos aún abiertos. Por ejemplo, el de la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la aplicación por parte de la empresa de un descuelgue del convenio colectivo aprobado en 2013 que permite modificar las nóminas por debajo de lo establecido.
Los sindicatos alegaron que dicha cláusula del descuelgue no es de aplicación a los trabajadores incorporados después de la fecha de la firma, como es el caso de los contratados en 2014 en la concesión del Ayuntamiento. En el acto de conciliación la compañía se vio obligada a pagar la diferencia salarial, pero sólo la correspondiente a octubre y noviembre, porque entre medias el 1 de diciembre había sacado un nuevo convenio colectivo consolidando ya las bajadas.
La empresa aún no ha abonado lo comprometido, porque ha pedido la impugnación del laudo, y los representantes de los trabajadores han seguido interponiendo demandas en el juzgado.

Inspección de Trabajo

Aún queda también que la Inspección de Trabajo se pronuncie sobre la denuncia presentada por CCOO asegurando que «no solamente se realiza un volumen de horas extraordinarias por encima de las 80 que permite el Estatuto de los Trabajadores, sino que además no se cotizan algunas de ellas y otras se abonan como plus de productividad».
A todo esto, especial suspicacia provoca el hecho de que el dueño de Marsegur, Miguel Ángel Ramírez, fuera indultado en noviembre de 2013 por Mariano Rajoy de la condena a tres años de cárcel que le impuso la Audiencia de Las Palmas. Un portavoz de la compañía, que desde enero de 2015 tiene 185 trabajadores en contratos del Ayuntamiento, defiende que las bajadas de sueldo han sido «normales».
En el equipo de Botella señalan que se trata de un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores. Por su parte, la edil socialista Ana García D'Atri considera que el Ayuntamiento «crea esclavos».

FUENTE: ELMUNDO.ES

   Tenemos que recordaros que este fantástico sueldo en la empresa MARSEGUR fue firmado por los sindicatos: G.I.T. , S.T.U., C.C.O.O.  y   S.I.V.