29 enero, 2015

Información a los vigilantes de Metro de Seguridad Integral Canaria

26 enero, 2015

Servicios de exteriores armados en Seguridad Integral Canaria

25 enero, 2015

Resolución de la Inspección de Trabajo sobre nuestras denuncias en Ombuds

Estos documentos prueban, una vez más, las mentiras de algunas secciones sindicales de Ombuds, las cuales engañan a los trabajadores diciendo que son ellos los que denuncian determinadas cosas.

En su momento, os contamos que los íbamos a demostrar, y aquí se demuestra. Nosotros, sin tener representación en el actual Comité de Empresa de Ombuds, no se nos caen los anillos de la mano, por denunciar irregularidades de las empresas, derechos de los trabajadores y mejoras en la protección de los mismos.

Seguiremos trabajando en pos de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

22 enero, 2015

Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias

La reforma del Código Penal amplía la extensión de los delitos contra la autoridad para conceder una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias que socorra en un siniestro, así como a ciudadanos que les presten auxilio.

   El proyecto legislativo modifica los artículos 550 y 551 para considerar autoridad a los jueces, magistrados y fiscales, frente a la norma vigente que la limita en el ámbito de la Justicia a magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, además de a diputados o miembros del Gobierno.

   El Código Penal impondrá penas de uno a cuatro años de cárcel más multa a quienes empleen violencia o intimiden gravemente no solo a policías y autoridades, sino también a bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que intervengan en un "siniestro, calamidad pública o situación de emergencia con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones".

   También si la acción se dirige hacia el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

   Se modifica este precepto para hacer hincapié en que habrá atentado a la autoridad contra miembros de las Fuerzas Armadas cuando vistan uniforme y estén prestando un servicio legalmente encomendado.

   Además, se incluyen como sujetos protegidos a los ciudadanos que acuden al auxilio de agentes de la autoridad o los equipos de asistencia y rescate. Entre las agravantes de los delitos de atentado o resistencia grave, se introduce la novedad de que los hechos tengan lugar en el seno de una manifestación o reunión numerosa.

FUENTE: EUROPAPRESS

Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias

El Código Penal impondrá penas de uno a cuatro años de cárcel más multa a quienes empleen violencia o intimiden gravemente no solo a policías y autoridades, sino también a bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que intervengan en un "siniestro, calamidad pública o situación de emergencia con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones". También si la acción se dirige hacia el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarr ...

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(c) 2014 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

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delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias

La reforma del Código Penal amplía la extensión de los delitos contra la autoridad para conceder una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias que socorra en un siniestro, así como a ciudadanos que les presten auxilio. El proyecto legislativo modifica los artículos 550 y 551 para considerar autoridad a los jueces, magistrados y fiscales, frente a la norma vigente que la limita en el ámbito de la Justicia a magistrados del Tribunal Const ...

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Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias

La reforma del Código Penal amplía la extensión de los delitos contra la autoridad para conceder una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias que socorra en un siniestro, así como a ciudadanos que les presten auxilio. El proyecto legislativo modifica los artículos 550 y 551 para considerar autoridad a los jueces, magistrados y fiscales, frente a la norma vigente que la limita en el ámbito de la Justicia a magistrados del Tribunal Const ...

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21 enero, 2015

Los vigilantes de seguridad, pieza clave en el nivel 3 de alerta antiterrorista en España Leer más: Los vigilantes de seguridad, pieza clave en el nivel 3 de alerta antiterrorista en España

   El nivel 3 de alerta antiterrorista supone la movilización de la práctica totalidad de los miembros de las unidades de intervención y de otros servicios especiales de la Policía y de la Guardia Civil, que vigilan las 24 horas del día los aeropuertos, las estaciones de ferrocarril o las centrales nucleares y eléctricas, entre otras infraestructuras críticas. Pero no son los funcionarios los únicos que participan en la seguridad pública en tiempos de excepción y que, por lo tanto, tienen la obligación de mantener los ojos más abiertos que nunca.

   Los vigilantes de seguridad tienen un papel clave en la protección de las mencionadas infraestructuras críticas. El control en muchas de estas instalaciones está en manos de empresas privadas y, por lo tanto, son sus agentes los encargados de velar por la seguridad habitualmente. No es de extrañar, por lo tanto, que la Policía, que normalmente no está físicamente en estas infraestructuras, se apoye en quienes las conocen al dedillo.
   Así lo reconocen de hecho las fuentes policiales consultadas por El Confidencial, que admiten que cuando las Unidades de Intervención –más conocidas como antidisturbios– se presentan en una central de suministro de agua o en una estación de tren muy concurrida no tienen más remedio que contar con la colaboración necesaria de los vigilantes de seguridad, que desempeñan su labor diariamente en esos lugares.
   Fuentes policiales admiten que cuando los antidisturbios se presentan en centrales o estaciones no tienen más remedio que contar con la colaboración necesaria de los vigilantes de seguridad. Los vigilantes, subraya por otro lado José Luis Velasco, de la patronal de empresas de seguridad Aproser, saben dónde están los puntos débiles, las salidas de emergencia, etc. “Conocen mejor el terreno”, insiste el portavoz de la seguridad privada, que cuenta con 40 años de experiencia a sus espaldas y ha vivido más de una situación de excepción como la que vive el país en la actualidad con la amenaza yihadista.   Los agentes privados, por lo tanto, tienen perfectamente identificadas las cámaras que funcionan y las que no, los puntos oscuros a los que no llegan las grabaciones, las entradas y salidas, los lugares de mayor aglomeración, etc. Horas y horas sobre el terreno les permiten pensar cien veces por dónde podrían entrar los ladrones si quisieran atracar o qué lugar sería el más idóneo para colocar un artefacto mortal. “Es nuestro trabajo”, asegura un vigilante que prefiere mantener el anonimato.
   De ahí que los policías que estos días están pisando esos terrenos nuevos para ellos acudan a sus ‘compañeros’ de la seguridad privada para compartir información sensible, algo que por otra parte es muy frecuente entre ambas partes incluso a nivel institucional. No en vano, tanto la Policía como la Guardia Civil cuentan con sendos programas de comunicación interna que facilitan las herramientas necesarias para que los vigilantes puedan transmitir de forma casi instantánea información e incidencias a los responsables primeros de la seguridad pública.
   Los vigilantes tienen un papel clave en centrales eléctricas (en la imagen, La Robla), nucleares, aeropuertos... (Efe)Velasco recuerda dos episodios, de hecho, en los que la información proporcionada por un vigilante ayudó a desmantelar una organización de contrabando en Galicia y un entramado criminal en Cádiz. “Guardia Civil y Policía, de hecho, premian cada año las colaboraciones realizadas por los vigilantes”, argumenta el responsable de Aproser.
   En ocasiones, de hecho, ese flujo de información entre ambas partes se produce en los dos sentidos. No es solo el vigilante el que proporciona datos. Según fuentes policiales, aunque es menos frecuente, Policía, Guardia Civil, Mossos o Ertzaintza pueden en un momento dado aportar datos sensibles a los jefes de seguridad de las empresas, que son los que hacen de nexo entre las dos partes, porque así lo exigen las medidas de prudencia y con el fin de mejorar la seguridad del conjunto.
   El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó el pasado día 7 elevar el nivel de alerta antiterrorista del 2 alto al 3 bajo sobre un máximo de 4 tras el atentado contra el semanario Charlie Hebdo que costó la vida a 12 personas en París. La última vez que se alcanzó el nivel 3 de alerta fue durante los días que rodearon a la proclamación del rey Felipe VI el pasado junio.

FUENTE: ELCONFIDENCIAL.COM

20 enero, 2015

Silvia Villullas despedida de Segur Ibérica por aparecer en "Ciutat Morta"

La amiga de Patricia Heras asegura que denunciará a la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, en la que trabajaba hasta ayer. Los familiares de los condenados piden a la fiscalía que actúe de oficio

La abogada laboralista Sílvia Villullas , amiga de Patricia Heras --que se suicidó en el 2011 aprovechando un permiso penitenciario de la condena de tres años--, ha asegurado que el lunes la despidieron de su puesto de trabajo en la empresa del ámbito de la seguridad privada Segur Ibérica, después de que ella comunicara el domingo a su jefa directa que había colaborado y aparecido en el documental Ciutat Morta, dedicado al caso del 4F.

"Mi jefa no tenía ningún inconveniente en que yo siguiera trabajando, pero se lo comentó con el responsable de recursos humanos y este al jefe territorial de la empresa, que creo que es un Mosso d'Esquadra en excedencia. Este último dijo que no quería que yo siguiera trabajando. Y me despidieron", aseguró Villullas a este diario. Tras el anuncio, el gabinete de comunicación de la empresa Segur Ibérica difundió un comunicado en el que negaban haber despedido a la abogada, y anunciaban que le iban a presentar un expediente disciplinario por haberse ausentado de su lugar de trabajo. "Doña Silvia García De Diego (qué se hace llamar Sílvia Villullas) no ha sido despedida de la Compañía", asegura el comunicado.

"Es una respuesta habitual en las empresas. Los despidos verbales son irreversibles", comentó la letrada a este diario. El martes por la tarde remitió un burofax con acuse de recibo en el que comunico a la empresa que mi desacuerdo con el despido verbal y notifico mi domicilio para iniciar los trámites de conciliación o demanda". La que fuera compañera de Patricia Heras y que es parte esencial del documental Ciutat Morta porque da voz a los poemas que Heras escribió antes de morir, contó que había trabajado dos semanas en Madrid y que acababa de incorporarse como letrada a las oficinas de Segur Ibérica en Barcelona. "Tenía un contrato temporal hasta el 7 de julio", dijo.

Villullas ha adelantado que piensa presentar una denuncia por despido improcedente. ¿Pero no han disimulado en el momento de plantear su despido?, le preguntaron en la rueda de prensa en la que participó junto a familiares de los condenados por los hechos del 4 de febrero del 2006. "En absoluto, me despidieron solo por aparecer en el documental".

Los condenados por el caso 4F han pedido a la Fiscalía que revise su proceso, en el que se sienten víctimas de un montaje judicial, ya que creen que hay suficientes indicios para que se actúe de oficio, aunque no descartan aportar más pruebas si el ministerio público no mueve ficha. En otro momento de la rueda de prensa han asegurado que la propia Guardia Urbana o los Mossos d'Esquadra también podrían "investigar" de oficio "si quieren saber lo que realmente ocurrió ese día".

La Fiscalía descartó este lunes actuar de oficio para revisar el caso 4F, que ha recobrado notoriedad tras la emisión en Televisió de Catalunya (TVC) del documental "Ciutat Morta", en el que se denuncia un montaje policial y judicial para encarcelar a tres jóvenes condenados por dejar en silla de ruedas a un urbano de una pedrada en la cabeza la madrugada del 4 de febrero de 2006.

En el proceso fueron condenadas otras ocho personas, entre ellas Patricia Heras, que se suicidó durante un permiso penitenciario poco después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia, pese a que ella siempre sostuvo que no estuvo a las puertas del local ocupado de la calle Sant Pere Mes Baix, donde ocurrió la trifulca.

En rueda de prensa, Rodrigo Lanza, que fue condenado a cinco años de cárcel -que ya ha cumplido íntegramente- por arrojar una piedra que dejó en estado vegetativo a un guardia urbano, ha exigido que se restaure su inocencia, que considera "más que probada".

"Se puede restaurar mi inocencia, pero a Patri nadie le va a poder devolver la vida. Nadie ha pedido perdón", ha exclamado Lanza, que ha roto a llorar al recordar a Patricia Heras, que fue detenida en el Hospital del Mar -donde acudió, según su versión, para curarse las heridas que se hizo al caer de una bicicleta-, después de que los agentes que participaron en el dispositivo de Sant Pere Mes Baix la reconocieran por su peinado.

La abogada Laia Serra, que ha intervenido en la rueda de prensa en nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del ICAB, que actuó como observadora en el juicio del 4F, ha denunciado que en el procedimiento hubo "insuficiencias en la investigación, denegación de pruebas de forma sistemática y una sombra de duda sobre la imparcialidad del tribunal".

El representante de Amnistía Internacional en Catalunya, Daniel Vilaró, denunció que la tortura en dependencias policiales catalanas "es una práctica habitual, no un caso aislado, y ninguna administración se está tomando en serio este grave problema".

FUENTE:ELDIARIO.ES

19 enero, 2015

Seguridad Integral Canaria despide vigilantes en Metro y se expande por Estados Unidos

Ralons irrumpe en los Estados Unidos con la compra del 75% de NorthStar

La empresa de seguridad norteamericana opera en el estado de Florida con una facturación anual de 2,5 millones de euros y una plantilla de 200 trabajadores El grupo canario crea Ralons America Corp para operar en el mercado americano

   Ralons cumple con su objetivo de dar el salto a los Estados Unidos. El grupo canario anunció ayer la compra del 75% de las acciones de la empresa de seguridad NorthStar Security, con sede en Miami y con una plantilla aproximada de 200 personas. Un primer paso, señala la compañía que preside Miguel Ángel Ramírez, para crecer en el mercado americano.
   La compra de las tres cuartas partes de los títulos de NorthStar se llevó a cabo a través de la sociedad Ralons América Corp, propiedad de Ralons y matriz de la que dependerán Ralons Security -para la protección de organismos oficiales gubernamentales, instalaciones portuarias, centros educativos, edificaciones en construcción y centros turísticos- Ralons Facilities Services para la prestación de servicios de limpieza y de mantenimiento de fincas y entorno natural- así como apoyo a la salud y asistencia sanitaria con la marca Ralons Healthcare.
   NorthStar tiene una facturación anual aproximada de tres millones de dólares (2,5 millones de euros) y opera en todo el estado de Florida desde su actual sede en Key West, aunque, se apunta en un comunicado, a partir de ahora se trasladará a Coral Gables (Miami) para ampliar sus operaciones en principio a todo el estado. La meta más inmediata es desarrollar sus delegaciones en Tampa y Fort Lauderdale. La idea, sigue la nota, es ofrecer servicio de seguridad en el conjunto de los Estados Unidos.
   De hecho, el desembarco de Ralons en este nuevo mercado se hace a través de la marca Ralons Security. Para alcanzar sus objetivos de expansión el Grupo ha contratado los servicios de la consultora Cambridge Negociation Strategic a fin de reforzar su estrategia comercial.
   Ralons, que cuenta en la actualidad con 7.000 empleados, tiene su germen en la sociedad Seguridad Integral Canaria, creada en 1995 y líder en seguridad y transporte de fondos y valores en el Archipiélago y con presencia en todas las comunidades autónomas.
   El vicepresidente del grupo, Héctor de Armas, anunció días atrás que en 2013 superó los 120 millones de euros en facturación y el pasado año alcanzó los 150 millones; el objetivo para esta anualidad es crecer otros 13% más.
   La corporación, compuesta por once empresas de servicios que cubren desde la seguridad a la salud, pasando por la educación, el deporte, la innovación tecnológica en materia de seguridad, el medio ambiente o las lavanderías y servicios auxiliares, ha multiplicado sus cifras de ventas pese a la crisis económica desde los 84,2 millones de 2011 hasta los 150 millones de 2014.

FUENTE: LAPROVINCIA.ES

18 enero, 2015

Seguridad Integral Canaria comienza con los despidos de los vigilantes de Metro

17 enero, 2015

Aclaración sobre ERE Metro

15 enero, 2015

Reunión Ombuds - ERE METRO

14 enero, 2015

HABEMUS CONVENIO - YA TENEMOS CONVENIO!!

Acaba de salir publicado en el BOE, con fecha de 12 de enero, el Convenio de Empresas de Seguridad 2015, es una prórroga sin más, del actual Convenio. Es otra joya de los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y USO, donde vuelven a firman las rebajas salariales por tercer año consecutivo, cuando en su momento se hartaron de repetirnos que solamente iba a producirse en el año 2013.

Descargar Convenio 2015

07 enero, 2015

Nous sommes Charlie Hebdo. Nosotros somos Charlie Hebdo

Liberté de la presse

Por la libertad de prensa

#CharlieHebdo

Grabar a tu jefe mientras te despide es legal

El Tribunal Supremo absuelve a una trabajadora que grabó en audio su despido al entender que no supone una intromisión en el derecho a la intimidad de su jefe.

La trabajadora se dirigió a comenzar su jornada laboral con el temor de que algo malo pudiera pasar, después de que el día anterior ella misma llevara una carta de la Inspección de Trabajo dirigida a su empresa. Puso la grabadora de su móvil en marcha en el coche antes de bajar, y comenzó a andar hacia la puerta del edificio en el que trabajaba.

Su jefe, al oírla llegar, le salió al paso en la puerta impidiendo que entrara a trabajar, "entregándole la carta y enviándola a su casa". Ella lo grabó todo y su jefe la demandó por intromisión en su intimidad. Ahora el Tribunal Supremo da la razón a la trabajadora.

El Alto Tribunal, en una sentencia fechada el 20 de noviembre de 2014, desestimó la demanda del empleador, al igual que la Audiencia Provincial de Vizcaya y el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Barakaldo antes que él, al entender que la grabación no atenta contra la intimidad del demandante. Ello a pesar de que el jefe de la trabajadora, efectivamente, no tenía conocimiento de estar siendo grabado.

El tribunal destaca que la conversación grabada "no contenía referencias a la vida personal o familiar" del jefe, además de que en ningún momento fue difundida por la demandada.

La sentencia pone en valor la declaración de la trabajadora, en la que aseguró estar sometida "a un hostigamiento laboral continuado e inusitado" cuyo fin era, según la trabajadora, "la consecución del desistimiento a su puesto de trabajo". En ese contexto, dice el tribunal, es "razonable" una conducta como la que llevó a cabo.

La sentencia concluye que al actuar el demandante como "representante de la empresa para la que trabajaba la demandada", y ser una situación exclusivamente laboral en la que el jefe comunica una sanción o el despido a una empleada, no puede considerarse la grabación una "intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal del demandante".

El exjefe de la demandada reclamaba 3.000 euros de indemnización a la trabajadora. El proceso comenzó en junio de 2011 y se ha alargado por los dos recursos presentados por el demandante, que han sido finalmente desestimados tanto por la Audiencia Provincial como por el Tribunal Supremo.

FUENTE:PUBLICO.ES

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