Argumenta que había llegado a un acuerdo "tácito" con los trabajadores
por el cual ellos se comprometían a alargar su jornada laboral en caso
de que el servicio lo pidiera sin cobrar el exceso
El propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas,
Miguel Ángel Ramírez,
ha acusado a Hacienda de presionar a sus trabajadores para que declaren
contra él en el proceso judicial que investiga los supuestos delitos fiscales cometidos por el empresario entre 2008 y 2013.
En concreto, durante su última declaración como imputado ante el titular del Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria,
Salvador Alba Mesa,
Ramírez acusó a un inspector de la Agencia Tributaria de citar a varios
trabajadores de su empresa para preguntarles si cobraban dietas de
verdad o si en realidad se trata de
horas extra encubiertas
para no cotizarlas. Al negar los empleados que la sociedad utilizara
ese truco, el inspector -según el imputado- volvió a citarles.
“¿Si
yo declaro ante el inspector de Hacienda y digo que son dietas, qué
autoridad tiene el inspector para citarme de nuevo y presionarme?, se
pregunto Ramírez ante el juez el pasado 4 de diciembre.
“O declaras que son dietas o te abro una inspección”,
insinuó el presidente de Seguridad Integral Canaria en referencia a los
términos en los que se producían las supuestas amenazas del inspector
de Hacienda.
Ramírez advirtió al juez que estos trabajadores
incluso han dejado por escrito esas presuntas amenazas sufridas en un
acta notarial que el dirigente de la Unión Deportiva Las Palmas aseguró
que incorporaría al juzgado. “Los trabajadores fueron al comité de
empresa y el comité fue a un notario”, aseguró.
Tras
declarar Ramírez, el juez acordó imponerle una fianza de 35 millones,
tanto para el presidente de la compañía como para el actual
administrador
Durante su declaración, sin embargo, el magistrado insistió en que
había trabajadores que habían denunciado
ante el Juzgado “bajo juramento” que usted “les pagaba como dietas lo
que en realidad eran horas extraordinarias”, acusaciones a las que
Ramírez solo pudo responder aludiendo a un supuesto “pacto tácito” que
la empresa había hecho con los empleados por el que éstos se
comprometían a no cobrar horas extra cuando por necesidades del servicio
había que extender la jornada laboral, extremo que han negado ante el
juez algunos de los trabajadores.
El instructor insistió varias
veces durante la comparecencia de Ramírez en que no entendía por qué
éste no aportaba pruebas que demostraran que pagaba las dietas como
dietas y las horas extraordinarias como horas extraordinarias. Hasta
ahora, “nadie me ha pedido que yo demuestre esto”, dijo el presidente de
Seguridad Integral Canaria, cuya primera declaración se produjo hace
meses ante la juez
Victoria Rosell, anterior instructora de la causa y actual cabeza de lista por Podemos en Las Palmas.
“¿Pero usted qué problema tiene en presentar aquí las pruebas?”,
le preguntó el juez Alba Mesa. “Señoría, que lo he presentado en
Hacienda”, respondió Ramírez, que volvió a ser interpelado por el
instructor, quien insistió en que entonces no habría problema en traer
la documentación que avale que Seguridad Integral Canaria pagaba las
horas extra como horas extra. “No sé si la tengo”, terminó admitiendo el
propietario de la sociedad también imputada en la causa. “Me imagino
que tengo que tener copia, señoría, porque todo lo que presento en
Hacienda lo debo tener”, añadió.
Tras tomar declaración a Ramírez, el juez acordó imponerle una fianza de 35 millones de euros,
tanto para el presidente de la compañía como para el actual
administrador, Héctor de Armas, también imputado en la causa, que
investiga el supuesto fraude fiscal -cifrado en
21 millones de euros- en
el que ha incurrido la empresa entre 2008 y 2013. El juez Alba Mesa ha
reactivado la investigación después de que su antecesora llevara meses
con el proceso paralizado.
Los informes de la Agencia Tributaria
han acusado a Seguridad Integral Canaria de falsear la realidad contable
de la compañía por medio del cambio de conceptos económicos. En
concreto, los inspectores de Hacienda han señalado a la mercantil por
presentar como dietas conceptos salariales que están sujetos a retención,
lo que habría provocado que la compañía eludiera el fisco. En su
declaración en sede judicial, el inspector de la Agencia Tributaria
calificó de "estratosféricas" las dietas que abona la empresa.
