C's censura que vigilantes de sedes judiciales cobren 700€ y la Comunidad asegura que se aplicará el convenio laboral

El diputado de Ciudadanos (C's) en la Asamblea de Madrid Francisco Lara ha censurado este jueves que haya vigilantes de seguridad de las sedes judiciales madrileñas que cobren poco más de 700 euros, a lo que el consejero de Justicia, Ángel Garrido, ha respondido que en la nueva concesión se aplicará a todos los trabajadores el convenio laboral.

En el Pleno celebrado hoy en la Asamblea, Lara ha reprochado a Garrido que no conozca la situación de estos empleados "con la cantidad de cargos de confianza que tiene en la Consejería". Así, ha relatado que haya vigilantes que dependan de su Consejería que estén cobrando poco más de 700 euros por jornadas de 192 horas mensuales, pagas extras prorrateadas incluidas.

"Hay preocupación de los trabajadores ante una adjudicación de la vigilancia de las sedes de la Comunidad, cuya adjudicatarios quieren aplicar convenios de empresa y no laborales, por lo que pasarían de cobrar mil euros netos a poco más de 700. Detrás de estos trabajadores hay familias, hipotecas y dignidad y esto es un atentado y ataque a la dignidad", ha señalado.

En su opinión, el Gobierno regional tiene la obligación de "no consentir esas actuaciones y evitar esta grave situación". "Esperamos que estas consideraciones no les entren por un oído y les salgan por el otro y eviten que estas situaciones de semiesclavitud laboral se puedan producir en la Comunidad", ha manifestado.

En su turno de réplica, el también portavoz regional ha afeado al parlamentario de C's que haya hecho "un comentario de texto" a una noticia publicada sobre este asunto y que ejerza una nueva modalidad de parlamentarismo que es el de la "pregunta ficción". " Les escuchamos con frecuencia acusarnos falsamente de gobernar a golpe de titular y Ciudadanos ahora es capaz de preguntar a golpe de titular", ha dicho.

Garrido ha explicado que está en fase de licitación, a la espera de ofertas, la nueva concesión de la seguridad de las sedes judiciales de la región y no se ha presentado en tiempo y forma la empresa acusada de pagar poco más de 700 euros al mes a sus trabajadores. Y ha puntualizado que según el punto primero del pliego de prestación de servicios, las empresas concesionarias deberán ajustarse el convenio colectivo del sector. 

FUENTE: MADRID, 11 FEBRERO (EUROPA PRESS)

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Política denuncia precariedad laboral de los vigilantes del Ayuntamiento de Madrid (Marsegur)

   A muchos políticos les entrará por un oído y les saldrá por otro, pero bueno, ahí queda. Tenemos que aplaudir que al menos le dediquen 2 minutos en una Comisión del Ayuntamiento de Madrid y se demuestre toda la basura que hay en las Liciticaciones Públicas. Licitaciones que sólamente se mira lo barato, sin importarles si se está respetando los derechos de los trabajadores.

Vigilantes 'públicos' a 700 € al mes en el Ayuntamiento de Madrid

Los guardias de 44 edificios y bibliotecas públicas contratados por la empresa Marsegur pelean en los tribunales contra sus condiciones laborales «de esclavitud» 

 

Los vigilantes de seguridad del Templo de Debod cobran 700 euros brutos al mes. Ni cinco euros a la hora por custodiar un monumento con 2.200 años de historia. Su caso no es anecdótico. La misma nómina exigua, casi idéntica al Salario Mínimo Interprofesional, la reciben quienes cuidan del Museo de Historia de Madrid, el centro cultural Conde Duque y el Planetario...
Todos ellos trabajan para la empresa privada Marsegur, que el pasado mes de septiembre se hizo con el concurso del Ayuntamiento de la capital (PP) para proteger 44 edificios y bibliotecas públicas durante un periodo de un año. Hasta entonces los miembros de la plantilla cobraban 1.000 euros. Lo primero que hizo la nueva adjudicataria, obligada a subrogar a los 90 trabajadores, fue recortar esa cifra un 30%.
La situación es similar a lo que ha pasado con los últimos contratos municipales, adjudicados a las ofertas económicas más bajas. En este caso en concreto, según las estimaciones realizadas por el propio Gobierno local, el servicio tenía un valor de 3,7 millones de euros, pero ya se sacó a licitación con una rebaja importante: 2,2 millones. A su vez, la compañía ganadora se ha comprometido a realizarlo por 1,8 millones, un 21% menos del presupuesto máximo asignado y un 50% más barato de lo que en teoría cuesta.
La traducción de toda esta amalgama numérica es la mencionada reducción en los salarios y, como consecuencia de ella, «la gente no va a trabajar motivada, baja la productividad y además hay temor a nuevos recortes; pasar de cobrar 1.000 euros a 700 euros de un mes para otro implica muchas familias endeudadas», explica Luis Bernal, portavoz del Sector Seguridad Privada de CCOO.

Más que despidos, huidas

En este momento, según José Olmo, secretario sectorial de Seguridad y Servicios Auxiliares de UGT Madrid, «lo que no hay es amenaza de despidos, casi al revés: quien encuentra algo mejor lógicamente se va». «Las empresas tiran los precios para ganar los concursos y después tienen que racanear en todo, desde la formación hasta los uniformes».
Todo este malestar laboral ha tenido su reflejo en varios frentes judiciales y administrativos, la mayoría de ellos aún abiertos. Por ejemplo, el de la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la aplicación por parte de la empresa de un descuelgue del convenio colectivo aprobado en 2013 que permite modificar las nóminas por debajo de lo establecido.
Los sindicatos alegaron que dicha cláusula del descuelgue no es de aplicación a los trabajadores incorporados después de la fecha de la firma, como es el caso de los contratados en 2014 en la concesión del Ayuntamiento. En el acto de conciliación la compañía se vio obligada a pagar la diferencia salarial, pero sólo la correspondiente a octubre y noviembre, porque entre medias el 1 de diciembre había sacado un nuevo convenio colectivo consolidando ya las bajadas.
La empresa aún no ha abonado lo comprometido, porque ha pedido la impugnación del laudo, y los representantes de los trabajadores han seguido interponiendo demandas en el juzgado.

Inspección de Trabajo

Aún queda también que la Inspección de Trabajo se pronuncie sobre la denuncia presentada por CCOO asegurando que «no solamente se realiza un volumen de horas extraordinarias por encima de las 80 que permite el Estatuto de los Trabajadores, sino que además no se cotizan algunas de ellas y otras se abonan como plus de productividad».
A todo esto, especial suspicacia provoca el hecho de que el dueño de Marsegur, Miguel Ángel Ramírez, fuera indultado en noviembre de 2013 por Mariano Rajoy de la condena a tres años de cárcel que le impuso la Audiencia de Las Palmas. Un portavoz de la compañía, que desde enero de 2015 tiene 185 trabajadores en contratos del Ayuntamiento, defiende que las bajadas de sueldo han sido «normales».
En el equipo de Botella señalan que se trata de un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores. Por su parte, la edil socialista Ana García D'Atri considera que el Ayuntamiento «crea esclavos».

FUENTE: ELMUNDO.ES

   Tenemos que recordaros que este fantástico sueldo en la empresa MARSEGUR fue firmado por los sindicatos: G.I.T. , S.T.U., C.C.O.O.  y   S.I.V.