26 enero, 2015
25 enero, 2015
Resolución de la Inspección de Trabajo sobre nuestras denuncias en Ombuds
Estos documentos prueban, una vez más, las mentiras de algunas secciones sindicales de Ombuds, las cuales engañan a los trabajadores diciendo que son ellos los que denuncian determinadas cosas.
En su momento, os contamos que los íbamos a demostrar, y aquí se demuestra. Nosotros, sin tener representación en el actual Comité de Empresa de Ombuds, no se nos caen los anillos de la mano, por denunciar irregularidades de las empresas, derechos de los trabajadores y mejoras en la protección de los mismos.
Seguiremos trabajando en pos de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
22 enero, 2015
Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias
La reforma del Código
Penal amplía la extensión de los delitos contra la autoridad para
conceder una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes privados
y personal de emergencias que socorra en un siniestro, así como a
ciudadanos que les presten auxilio.
El proyecto legislativo modifica los artículos 550 y 551 para considerar autoridad a los jueces, magistrados y fiscales, frente a la norma vigente que la limita en el ámbito de la Justicia a magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, además de a diputados o miembros del Gobierno.
El Código Penal impondrá penas de uno a cuatro años de cárcel más multa a quienes empleen violencia o intimiden gravemente no solo a policías y autoridades, sino también a bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que intervengan en un "siniestro, calamidad pública o situación de emergencia con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones".
También si la acción se dirige hacia el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Se modifica este precepto para hacer hincapié en que habrá atentado a la autoridad contra miembros de las Fuerzas Armadas cuando vistan uniforme y estén prestando un servicio legalmente encomendado.
Además, se incluyen como sujetos protegidos a los ciudadanos que acuden al auxilio de agentes de la autoridad o los equipos de asistencia y rescate. Entre las agravantes de los delitos de atentado o resistencia grave, se introduce la novedad de que los hechos tengan lugar en el seno de una manifestación o reunión numerosa.
FUENTE: EUROPAPRESS
El proyecto legislativo modifica los artículos 550 y 551 para considerar autoridad a los jueces, magistrados y fiscales, frente a la norma vigente que la limita en el ámbito de la Justicia a magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, además de a diputados o miembros del Gobierno.
El Código Penal impondrá penas de uno a cuatro años de cárcel más multa a quienes empleen violencia o intimiden gravemente no solo a policías y autoridades, sino también a bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que intervengan en un "siniestro, calamidad pública o situación de emergencia con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones".
También si la acción se dirige hacia el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Se modifica este precepto para hacer hincapié en que habrá atentado a la autoridad contra miembros de las Fuerzas Armadas cuando vistan uniforme y estén prestando un servicio legalmente encomendado.
Además, se incluyen como sujetos protegidos a los ciudadanos que acuden al auxilio de agentes de la autoridad o los equipos de asistencia y rescate. Entre las agravantes de los delitos de atentado o resistencia grave, se introduce la novedad de que los hechos tengan lugar en el seno de una manifestación o reunión numerosa.
FUENTE: EUROPAPRESS
Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias
El Código Penal impondrá penas de uno a cuatro años de cárcel más multa a quienes empleen violencia o intimiden gravemente no solo a policías y autoridades, sino también a bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que intervengan en un "siniestro, calamidad pública o situación de emergencia con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones". También si la acción se dirige hacia el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarr ...
Leer mas: http://www.europapress.es/nacional/noticia-codigo-penal-extendera-delitos-contra-autoridad-bomberos-jueces-vigilantes-privados-personal-emergencias-20150121185723.html
(c) 2014 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.
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La reforma del Código Penal amplía la extensión de los delitos contra la autoridad para conceder una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias que socorra en un siniestro, así como a ciudadanos que les presten auxilio. El proyecto legislativo modifica los artículos 550 y 551 para considerar autoridad a los jueces, magistrados y fiscales, frente a la norma vigente que la limita en el ámbito de la Justicia a magistrados del Tribunal Const ...
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21 enero, 2015
Los vigilantes de seguridad, pieza clave en el nivel 3 de alerta antiterrorista en España Leer más: Los vigilantes de seguridad, pieza clave en el nivel 3 de alerta antiterrorista en España
El nivel 3 de alerta antiterrorista supone la movilización de la práctica totalidad de los miembros de las unidades de intervención y de otros servicios especiales de la Policía y de la Guardia Civil, que vigilan las 24 horas del día los aeropuertos, las estaciones de ferrocarril o las centrales nucleares y eléctricas, entre otras infraestructuras críticas. Pero no son los funcionarios los únicos que participan en la seguridad pública en tiempos de excepción y que, por lo tanto, tienen la obligación de mantener los ojos más abiertos que nunca.
Los vigilantes de seguridad tienen un papel clave en la protección de las mencionadas infraestructuras críticas. El control en muchas de estas instalaciones está en manos de empresas privadas y, por lo tanto, son sus agentes los encargados de velar por la seguridad habitualmente. No es de extrañar, por lo tanto, que la Policía, que normalmente no está físicamente en estas infraestructuras, se apoye en quienes las conocen al dedillo.
Así lo reconocen de hecho las fuentes policiales consultadas por El Confidencial, que admiten que cuando las Unidades de Intervención –más conocidas como antidisturbios– se presentan en una central de suministro de agua o en una estación de tren muy concurrida no tienen más remedio que contar con la colaboración necesaria de los vigilantes de seguridad, que desempeñan su labor diariamente en esos lugares.
Fuentes policiales admiten que cuando los antidisturbios se presentan en centrales o estaciones no tienen más remedio que contar con la colaboración necesaria de los vigilantes de seguridad. Los vigilantes, subraya por otro lado José Luis Velasco, de la patronal de empresas de seguridad Aproser, saben dónde están los puntos débiles, las salidas de emergencia, etc. “Conocen mejor el terreno”, insiste el portavoz de la seguridad privada, que cuenta con 40 años de experiencia a sus espaldas y ha vivido más de una situación de excepción como la que vive el país en la actualidad con la amenaza yihadista. Los agentes privados, por lo tanto, tienen perfectamente identificadas las cámaras que funcionan y las que no, los puntos oscuros a los que no llegan las grabaciones, las entradas y salidas, los lugares de mayor aglomeración, etc. Horas y horas sobre el terreno les permiten pensar cien veces por dónde podrían entrar los ladrones si quisieran atracar o qué lugar sería el más idóneo para colocar un artefacto mortal. “Es nuestro trabajo”, asegura un vigilante que prefiere mantener el anonimato.
De ahí que los policías que estos días están pisando esos terrenos nuevos para ellos acudan a sus ‘compañeros’ de la seguridad privada para compartir información sensible, algo que por otra parte es muy frecuente entre ambas partes incluso a nivel institucional. No en vano, tanto la Policía como la Guardia Civil cuentan con sendos programas de comunicación interna que facilitan las herramientas necesarias para que los vigilantes puedan transmitir de forma casi instantánea información e incidencias a los responsables primeros de la seguridad pública.
Los vigilantes tienen un papel clave en centrales eléctricas (en la imagen, La Robla), nucleares, aeropuertos... (Efe)Velasco recuerda dos episodios, de hecho, en los que la información proporcionada por un vigilante ayudó a desmantelar una organización de contrabando en Galicia y un entramado criminal en Cádiz. “Guardia Civil y Policía, de hecho, premian cada año las colaboraciones realizadas por los vigilantes”, argumenta el responsable de Aproser.
En ocasiones, de hecho, ese flujo de información entre ambas partes se produce en los dos sentidos. No es solo el vigilante el que proporciona datos. Según fuentes policiales, aunque es menos frecuente, Policía, Guardia Civil, Mossos o Ertzaintza pueden en un momento dado aportar datos sensibles a los jefes de seguridad de las empresas, que son los que hacen de nexo entre las dos partes, porque así lo exigen las medidas de prudencia y con el fin de mejorar la seguridad del conjunto.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó el pasado día 7 elevar el nivel de alerta antiterrorista del 2 alto al 3 bajo sobre un máximo de 4 tras el atentado contra el semanario Charlie Hebdo que costó la vida a 12 personas en París. La última vez que se alcanzó el nivel 3 de alerta fue durante los días que rodearon a la proclamación del rey Felipe VI el pasado junio.
FUENTE: ELCONFIDENCIAL.COM
20 enero, 2015
Silvia Villullas despedida de Segur Ibérica por aparecer en "Ciutat Morta"
La amiga de Patricia Heras asegura que denunciará a la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, en la que trabajaba hasta ayer. Los familiares de los condenados piden a la fiscalía que actúe de oficio
La abogada laboralista Sílvia Villullas , amiga de Patricia Heras --que se suicidó en el 2011
aprovechando un permiso penitenciario de la condena de tres años--, ha
asegurado que el lunes la despidieron
de su puesto de trabajo en la empresa del ámbito de la seguridad
privada Segur Ibérica, después de que ella comunicara el
domingo a su jefa directa que había colaborado y aparecido en el documental Ciutat Morta, dedicado al caso
del 4F.
"Mi jefa no tenía ningún inconveniente
en que yo siguiera trabajando, pero se lo comentó con el responsable de
recursos humanos y este al jefe territorial de la empresa, que creo que es un
Mosso d'Esquadra en excedencia. Este último dijo que no quería que yo siguiera
trabajando. Y me despidieron", aseguró Villullas a este diario. Tras el
anuncio, el gabinete de comunicación de la empresa Segur Ibérica difundió un comunicado en el
que negaban haber despedido a la abogada, y anunciaban que le
iban a presentar un expediente disciplinario por haberse ausentado de su lugar
de trabajo. "Doña Silvia García De Diego (qué se hace llamar Sílvia
Villullas) no ha sido despedida de la Compañía", asegura el comunicado.
"Es una respuesta habitual en las
empresas. Los despidos
verbales son irreversibles", comentó la letrada a este
diario. El martes por la tarde remitió un burofax con acuse de recibo en el que
comunico a la empresa que mi desacuerdo con el despido verbal y notifico mi
domicilio para iniciar los trámites de conciliación o demanda". La que
fuera compañera de Patricia Heras y que es parte esencial del documental Ciutat
Morta porque da voz a los poemas que Heras escribió antes de morir, contó que
había trabajado dos semanas en Madrid y que acababa de incorporarse como
letrada a las oficinas de Segur Ibérica en Barcelona. "Tenía un contrato
temporal hasta el 7 de julio", dijo.
Villullas ha adelantado que piensa
presentar una denuncia por despido improcedente. ¿Pero no han disimulado en el
momento de plantear su despido?, le preguntaron en la rueda de prensa en la que
participó junto a familiares de los condenados por los hechos del 4 de febrero
del 2006. "En absoluto, me despidieron solo por aparecer en el
documental".
Los condenados por el caso 4F han pedido a
la Fiscalía que revise su proceso, en el que se sienten víctimas de un montaje
judicial, ya que creen que hay suficientes indicios para que se actúe de
oficio, aunque no descartan aportar más pruebas si el ministerio público no
mueve ficha. En otro momento de la rueda de prensa han asegurado que la propia
Guardia Urbana o los Mossos d'Esquadra también podrían "investigar"
de oficio "si quieren saber lo que realmente ocurrió ese día".
La Fiscalía descartó este lunes actuar de
oficio para revisar el caso 4F, que ha recobrado notoriedad tras la emisión en
Televisió de Catalunya (TVC) del documental "Ciutat Morta", en el que
se denuncia un montaje policial y judicial para encarcelar a tres jóvenes
condenados por dejar en silla de ruedas a un urbano de una pedrada en la cabeza
la madrugada del 4 de febrero de 2006.
En el proceso fueron condenadas otras ocho
personas, entre ellas Patricia Heras, que se suicidó durante un permiso
penitenciario poco después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia,
pese a que ella siempre sostuvo que no estuvo a las puertas del local ocupado
de la calle Sant Pere Mes Baix, donde ocurrió la trifulca.
En rueda de prensa, Rodrigo Lanza, que fue
condenado a cinco años de cárcel -que ya ha cumplido íntegramente- por arrojar
una piedra que dejó en estado vegetativo a un guardia urbano, ha exigido que se
restaure su inocencia, que considera "más que probada".
"Se puede restaurar mi inocencia, pero
a Patri nadie le va a poder devolver la vida. Nadie ha pedido perdón", ha
exclamado Lanza, que ha roto a llorar al recordar a Patricia Heras, que fue
detenida en el Hospital del Mar -donde acudió, según su versión, para curarse
las heridas que se hizo al caer de una bicicleta-, después de que los agentes
que participaron en el dispositivo de Sant Pere Mes Baix la reconocieran por su
peinado.
La abogada Laia Serra, que ha intervenido
en la rueda de prensa en nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del ICAB, que actuó como observadora en el juicio del 4F, ha denunciado
que en el procedimiento hubo "insuficiencias en la investigación,
denegación de pruebas de forma sistemática y una sombra de duda sobre la
imparcialidad del tribunal".
El representante de Amnistía Internacional
en Catalunya, Daniel Vilaró, denunció que la tortura en dependencias policiales
catalanas "es una práctica habitual, no un caso aislado, y ninguna
administración se está tomando en serio este grave problema".
19 enero, 2015
Seguridad Integral Canaria despide vigilantes en Metro y se expande por Estados Unidos
Ralons irrumpe en los Estados Unidos con la compra del 75% de NorthStar
La empresa de seguridad norteamericana opera en el estado de Florida con una facturación anual de 2,5 millones de euros y una plantilla de 200 trabajadores El grupo canario crea Ralons America Corp para operar en el mercado americano
Ralons cumple con su objetivo de dar el salto a los Estados Unidos. El grupo canario anunció ayer la compra del 75% de las acciones de la empresa de seguridad NorthStar Security, con sede en Miami y con una plantilla aproximada de 200 personas. Un primer paso, señala la compañía que preside Miguel Ángel Ramírez, para crecer en el mercado americano.
La compra de las tres cuartas partes de los títulos de NorthStar se llevó a cabo a través de la sociedad Ralons América Corp, propiedad de Ralons y matriz de la que dependerán Ralons Security -para la protección de organismos oficiales gubernamentales, instalaciones portuarias, centros educativos, edificaciones en construcción y centros turísticos- Ralons Facilities Services para la prestación de servicios de limpieza y de mantenimiento de fincas y entorno natural- así como apoyo a la salud y asistencia sanitaria con la marca Ralons Healthcare.
NorthStar tiene una facturación anual aproximada de tres millones de dólares (2,5 millones de euros) y opera en todo el estado de Florida desde su actual sede en Key West, aunque, se apunta en un comunicado, a partir de ahora se trasladará a Coral Gables (Miami) para ampliar sus operaciones en principio a todo el estado. La meta más inmediata es desarrollar sus delegaciones en Tampa y Fort Lauderdale. La idea, sigue la nota, es ofrecer servicio de seguridad en el conjunto de los Estados Unidos.
De hecho, el desembarco de Ralons en este nuevo mercado se hace a través de la marca Ralons Security. Para alcanzar sus objetivos de expansión el Grupo ha contratado los servicios de la consultora Cambridge Negociation Strategic a fin de reforzar su estrategia comercial.
Ralons, que cuenta en la actualidad con 7.000 empleados, tiene su germen en la sociedad Seguridad Integral Canaria, creada en 1995 y líder en seguridad y transporte de fondos y valores en el Archipiélago y con presencia en todas las comunidades autónomas.
El vicepresidente del grupo, Héctor de Armas, anunció días atrás que en 2013 superó los 120 millones de euros en facturación y el pasado año alcanzó los 150 millones; el objetivo para esta anualidad es crecer otros 13% más.
La corporación, compuesta por once empresas de servicios que cubren desde la seguridad a la salud, pasando por la educación, el deporte, la innovación tecnológica en materia de seguridad, el medio ambiente o las lavanderías y servicios auxiliares, ha multiplicado sus cifras de ventas pese a la crisis económica desde los 84,2 millones de 2011 hasta los 150 millones de 2014.
FUENTE: LAPROVINCIA.ES
17 enero, 2015
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