La amiga de Patricia Heras asegura que denunciará a la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, en la que trabajaba hasta ayer. Los familiares de los condenados piden a la fiscalía que actúe de oficio
La abogada laboralista Sílvia Villullas , amiga de Patricia Heras --que se suicidó en el 2011
aprovechando un permiso penitenciario de la condena de tres años--, ha
asegurado que el lunes la despidieron
de su puesto de trabajo en la empresa del ámbito de la seguridad
privada Segur Ibérica, después de que ella comunicara el
domingo a su jefa directa que había colaborado y aparecido en el documental Ciutat Morta, dedicado al caso
del 4F.
"Mi jefa no tenía ningún inconveniente
en que yo siguiera trabajando, pero se lo comentó con el responsable de
recursos humanos y este al jefe territorial de la empresa, que creo que es un
Mosso d'Esquadra en excedencia. Este último dijo que no quería que yo siguiera
trabajando. Y me despidieron", aseguró Villullas a este diario. Tras el
anuncio, el gabinete de comunicación de la empresa Segur Ibérica difundió un comunicado en el
que negaban haber despedido a la abogada, y anunciaban que le
iban a presentar un expediente disciplinario por haberse ausentado de su lugar
de trabajo. "Doña Silvia García De Diego (qué se hace llamar Sílvia
Villullas) no ha sido despedida de la Compañía", asegura el comunicado.
"Es una respuesta habitual en las
empresas. Los despidos
verbales son irreversibles", comentó la letrada a este
diario. El martes por la tarde remitió un burofax con acuse de recibo en el que
comunico a la empresa que mi desacuerdo con el despido verbal y notifico mi
domicilio para iniciar los trámites de conciliación o demanda". La que
fuera compañera de Patricia Heras y que es parte esencial del documental Ciutat
Morta porque da voz a los poemas que Heras escribió antes de morir, contó que
había trabajado dos semanas en Madrid y que acababa de incorporarse como
letrada a las oficinas de Segur Ibérica en Barcelona. "Tenía un contrato
temporal hasta el 7 de julio", dijo.
Villullas ha adelantado que piensa
presentar una denuncia por despido improcedente. ¿Pero no han disimulado en el
momento de plantear su despido?, le preguntaron en la rueda de prensa en la que
participó junto a familiares de los condenados por los hechos del 4 de febrero
del 2006. "En absoluto, me despidieron solo por aparecer en el
documental".
Los condenados por el caso 4F han pedido a
la Fiscalía que revise su proceso, en el que se sienten víctimas de un montaje
judicial, ya que creen que hay suficientes indicios para que se actúe de
oficio, aunque no descartan aportar más pruebas si el ministerio público no
mueve ficha. En otro momento de la rueda de prensa han asegurado que la propia
Guardia Urbana o los Mossos d'Esquadra también podrían "investigar"
de oficio "si quieren saber lo que realmente ocurrió ese día".
La Fiscalía descartó este lunes actuar de
oficio para revisar el caso 4F, que ha recobrado notoriedad tras la emisión en
Televisió de Catalunya (TVC) del documental "Ciutat Morta", en el que
se denuncia un montaje policial y judicial para encarcelar a tres jóvenes
condenados por dejar en silla de ruedas a un urbano de una pedrada en la cabeza
la madrugada del 4 de febrero de 2006.
En el proceso fueron condenadas otras ocho
personas, entre ellas Patricia Heras, que se suicidó durante un permiso
penitenciario poco después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia,
pese a que ella siempre sostuvo que no estuvo a las puertas del local ocupado
de la calle Sant Pere Mes Baix, donde ocurrió la trifulca.
En rueda de prensa, Rodrigo Lanza, que fue
condenado a cinco años de cárcel -que ya ha cumplido íntegramente- por arrojar
una piedra que dejó en estado vegetativo a un guardia urbano, ha exigido que se
restaure su inocencia, que considera "más que probada".
"Se puede restaurar mi inocencia, pero
a Patri nadie le va a poder devolver la vida. Nadie ha pedido perdón", ha
exclamado Lanza, que ha roto a llorar al recordar a Patricia Heras, que fue
detenida en el Hospital del Mar -donde acudió, según su versión, para curarse
las heridas que se hizo al caer de una bicicleta-, después de que los agentes
que participaron en el dispositivo de Sant Pere Mes Baix la reconocieran por su
peinado.
La abogada Laia Serra, que ha intervenido
en la rueda de prensa en nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del ICAB, que actuó como observadora en el juicio del 4F, ha denunciado
que en el procedimiento hubo "insuficiencias en la investigación,
denegación de pruebas de forma sistemática y una sombra de duda sobre la
imparcialidad del tribunal".
El representante de Amnistía Internacional
en Catalunya, Daniel Vilaró, denunció que la tortura en dependencias policiales
catalanas "es una práctica habitual, no un caso aislado, y ninguna
administración se está tomando en serio este grave problema".
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