Asesoramos, organizamos, apoyamos y defendemos a trabajadores de todos lo sectores: seguridad privada, limpieza, jardineria, sanidad...
19 octubre, 2015
16 octubre, 2015
Compañeros le regalan 350 días de vacaciones a un padre desesperado
Los compañeros de trabajo de un padre con una niña enferma, le cedieron 350 días de vacaciones para que cuide de la menor.
El caso de Jonathan Dupré es de los que devuelven la fe en la humanidad: Sus compañeros en una fábrica de vidrios en Francia, le cedieron 350 días de vacaciones para que pueda cuidar a su hija Naëlle, de cinco años, que padece de cáncer en el riñón.
La pequeña fue diagnosticada con la enfermedad en diciembre de 2014 y fue sometida a una operación y quimioterapia, por lo que Jonathan había tomado ya todos su días de vacaciones.
"Por las pruebas y las sesiones de quimioterapia, había gastado ya todas mis vacaciones", señala Jonathan al diario Le Réveil. "Me enteré por correo. Me emocioné mucho. Era un peso para nosotros. Ahora no tenemos más problemas, ni para cuidarla ni para desplazarnos a las pruebas y a los tratamientos", concluye el padre.
La pequeña, cuyo cáncer está en remisión, no duda de que
esto le ayudará a seguir adelante y dice estar "muy contenta" por que su
padre "se quede en casa" con ella.
Este acto tan generoso ha sido posible gracias a una ley gala que permite que los trabajadores se cedan días de vacaciones entre ellos si este cambio cuenta con la aprobación de los jefes y si se trata de un caso justificado como el de cuidar de un familiar.
Este acto tan generoso ha sido posible gracias a una ley gala que permite que los trabajadores se cedan días de vacaciones entre ellos si este cambio cuenta con la aprobación de los jefes y si se trata de un caso justificado como el de cuidar de un familiar.
En este caso, los trabajadores de la fábrica de cristales en la que trabaja Jonathan se reunieron con el director de la empresa y el departamento de Recursos Humanos y acordaron poner días entre todos para que Jonathan pudiera estar con su hija.
FUENTE: LAPRENSA.HN
12 octubre, 2015
09 octubre, 2015
Hacienda denuncia "estratosféricas" dietas en Seguridad Integral Canaria (la 'favorita' del Gobierno)
La inspección de la Agencia Tributaria acusa a Seguridad Integral
Canaria de falsear la realidad y presentar como dietas -exentas
fiscalmente- conceptos salariales sujetos a retención.
Hacienda tiene claro que el propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez,
ha maquillado la contabilidad de su empresa para presentar como si
fueran dietas y kilometraje -exentos fiscalmente- otros conceptos
salariales sujetos a retención y evitar así tributar por estos últimos
gastos. Así lo puso en evidencia el informe que presentó la Agencia
Tributaria ante la jueza de Las Palmas Victoria Rosell el pasado junio, ratificado la pasada semana ante la magistrada por el inspector que lo redactó.
Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró haber detectado que Seguridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presentando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de medias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la media de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%.
Ha habido casos excepcionales, explicó el técnico, en los que un solo empleado -doblando turnos- ha llegado a cobrar más de 20.000 e incluso hasta 40.000 euros en forma de dietas al año, unas cantidades absolutamente "estratosféricas" en comparación con el resto de compañías de seguridad. El inspector de Hacienda llegó a esta conclusión después de realizar un estudio comparado entre todas las empresas del sector. Según indicó ante la jueza Rosell, Seguridad Integral Canaria no ha explicado aún esa marcada diferencia entre las dietas que ha venido pagando hasta ahora en su empresa y las que se han abonado en el resto de empresas.
El perito, que descartó tajantemente que haya habido un fraude
generalizado de los trabajadores, aseguró durante su declaración que
nada justifica que Seguridad Integral Canaria abonara esas dietas tan
elevadas respecto al resto del sector. Parece bastante "claro y obvio",
afirmó el experto de Hacienda, que la mercantil ha tratado de ocultar la
realidad.
Y según el técnico, no solo en este asunto de las dietas, sino también en las indemnizaciones por despido. Muchos de los trabajadores a los que la empresa ha dicho que había despedido luego se ha comprobado que, según los datos de la propia compañía, siguen trabajando en la sociedad en los ejercicios posteriores, afirmó el inspector de la Agencia Tributaria.
El informe elaborado por el perito y entregado a la jueza el pasado 15 de junio aseguraba que la empresa de Ramírez ha defraudado nueve millones de euros a Hacienda y 12 millones más a la Seguridad Social por las citadas trampas contables desde 2009.
Los denunciantes, encabezados por el secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Antonio Duarte, han solicitado una ampliación de la querella a todas las empresas del conglomerado presidido por Ramírez así como la prisión provisional para el propietario del grupo con un millón de euros de fianza. La jueza Rosell aún no se ha pronunciado sobre esta iniciativa de los denunciantes.
La empresa de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Palacio Real, contratos que en total superan los 100 millones de euros. El empresario fue indultado por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Supremo- debido a la relación de amistad que Ramírez mantiene con el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Pero la batalla judicial no se libra únicamente entre dos partes. Durante las últimas semanas, la fiscala del caso -Evangelina Ríos- y la magistrada han tenido más que palabras en relación con el proceso que mantiene imputado a Ramírez. En concreto, la representante del Ministerio Público ha interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial que acusaba a la instructora de ralentizar la investigación.
La jueza, por su parte, ha elevado otro recurso ante la Fiscalía General del Estado para protestar por la actitud de la fiscala durante la instrucción judicial. Ambas quejas, sin embargo, han sido ya archivadas por los dos organismos superiores.
FUENTE: ELCONFIDENCIAL.COM
Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró haber detectado que Seguridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presentando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de medias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la media de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%.
Ha habido casos excepcionales, explicó el técnico, en los que un solo empleado -doblando turnos- ha llegado a cobrar más de 20.000 e incluso hasta 40.000 euros en forma de dietas al año, unas cantidades absolutamente "estratosféricas" en comparación con el resto de compañías de seguridad. El inspector de Hacienda llegó a esta conclusión después de realizar un estudio comparado entre todas las empresas del sector. Según indicó ante la jueza Rosell, Seguridad Integral Canaria no ha explicado aún esa marcada diferencia entre las dietas que ha venido pagando hasta ahora en su empresa y las que se han abonado en el resto de empresas.
Y según el técnico, no solo en este asunto de las dietas, sino también en las indemnizaciones por despido. Muchos de los trabajadores a los que la empresa ha dicho que había despedido luego se ha comprobado que, según los datos de la propia compañía, siguen trabajando en la sociedad en los ejercicios posteriores, afirmó el inspector de la Agencia Tributaria.
El informe elaborado por el perito y entregado a la jueza el pasado 15 de junio aseguraba que la empresa de Ramírez ha defraudado nueve millones de euros a Hacienda y 12 millones más a la Seguridad Social por las citadas trampas contables desde 2009.
Los denunciantes, encabezados por el secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Antonio Duarte, han solicitado una ampliación de la querella a todas las empresas del conglomerado presidido por Ramírez así como la prisión provisional para el propietario del grupo con un millón de euros de fianza. La jueza Rosell aún no se ha pronunciado sobre esta iniciativa de los denunciantes.
La empresa de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Palacio Real, contratos que en total superan los 100 millones de euros. El empresario fue indultado por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Supremo- debido a la relación de amistad que Ramírez mantiene con el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Pero la batalla judicial no se libra únicamente entre dos partes. Durante las últimas semanas, la fiscala del caso -Evangelina Ríos- y la magistrada han tenido más que palabras en relación con el proceso que mantiene imputado a Ramírez. En concreto, la representante del Ministerio Público ha interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial que acusaba a la instructora de ralentizar la investigación.
La jueza, por su parte, ha elevado otro recurso ante la Fiscalía General del Estado para protestar por la actitud de la fiscala durante la instrucción judicial. Ambas quejas, sin embargo, han sido ya archivadas por los dos organismos superiores.
FUENTE: ELCONFIDENCIAL.COM
06 octubre, 2015
El Sindicato Nacional de Trabajadores vuelve a denunciar al Palacio de Aranjuez
Hace unos pocos meses denunciamos que a los vigilantes de seguridad de la empresa Seguridad Integral Canaria en el Palacio de Aranjuez, el propio cliente les impedía portar la defensa reglamentaria, hecho que pusimos en conocimiento a Seguridad Privada, y en pocos días procedieron a solucionar con su visita al centro de trabajo.
Pues bien, ahora volvemos a denunciar que a los vigilantes de dicho servicio les obligan a portar un documento tipo carnet, colgado en una zona visible, donde aparece su nombre, apellidos y su D.N.I.
El número de teléfono, la dirección y sus aficciones lo han debido de omitir porque carecían de espacio que si no...
Colgamos la denuncia presentada por nosotros a Seguridad Privada:
Gracias Paulino (EPS-SNT) por informarnos de tal irregularidad e ilegalidad.
Pues bien, ahora volvemos a denunciar que a los vigilantes de dicho servicio les obligan a portar un documento tipo carnet, colgado en una zona visible, donde aparece su nombre, apellidos y su D.N.I.
El número de teléfono, la dirección y sus aficciones lo han debido de omitir porque carecían de espacio que si no...
Colgamos la denuncia presentada por nosotros a Seguridad Privada:
Gracias Paulino (EPS-SNT) por informarnos de tal irregularidad e ilegalidad.
04 octubre, 2015
¿Por qué los vigilantes cobramos 600€ menos? por Adel
Este es un video explicativo de porqué cobramos los vigilantes 600€ menos de lo que teníamos que cobrar a día de hoy.
Video currado por Adel Ver aquí.
El plan de Carmena de sustituir vigilantes por policías triplicaría el gasto en seguridad
La Unión Sindical Obrera realiza un cálculo con base en los convenios
colectivos mientras los agentes temen que el Ayuntamiento al final quite
funcionarios de la calle para cubrir esas plazas
El plan anunciado por el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, para sustituir vigilantes de seguridad por policías en los edificios municipales no ha tenido buena acogida en unos ni en otros. Los primeros, como es lógico, porque ven amenazados sus puestos de trabajo.
Los segundos, por su parte, porque se temen que para llevarlo a cabo el Gobierno de Manuela Carmena tire de agentes que están en la calle.
Es “positivo” que el Ayuntamiento de Madrid “tenga la intención de crear nuevos puestos de trabajo, pero no a costa de destruir otros ya existentes y, por lo tanto, dejar en la más absoluta miseria a cientos de familias madrileñas”, señala Antonio Duarte, responsable de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, organización que además ha realizado un estudio sobre el coste que conllevaría la sustitución de los 485 vigilantes de seguridad que controlan los edificios municipales por policías. En concreto, Carmena tendría que rascarse el bolsillo hasta conseguir casi el triple del dinero que destina ahora para cubrir este servicio.
Según el cálculo de la USO, que se ha basado en los convenios colectivos de ambas plantillas, el servicio que actualmente prestan los vigilantes ronda los 12 millones de euros al año, cifra que resulta de multiplicar las 800.000 horas que hay contratadas con los 15 euros por hora que cobra un profesional privado. La sustitución de los 485 vigilantes que hacen este servicio por policías requeriría, en primer lugar, de un mayor número de funcionarios, ya que estos últimos gozan de más derechos laborales. USO calcula que, en concreto, sería necesario utilizar 670 agentes para cubrir el mismo cometido.
Este número de funcionarios habría que multiplicarlo, según las
cuentas del sindicato, por 32.774 euros brutos anuales que cobra un
policía de media, lo que daría como resultado 22 millones de euros. A este número, además, habría que sumarle 5,5 millones
que es lo que cuesta la seguridad social de todos estos empleados, un
concepto que en el caso de los vigilantes privados asume la empresa
subcontratada.
Los propios policías admiten que es sustancialmente más caro un policía que un vigilante
En total, 27,5 millones de euros anuales, una cifra en la que no están contabilizados, subrayan desde USO, conceptos como la uniformidad, los armeros, los ejercicios de tiro, las prejubilaciones o los seguros, conceptos todos ellos que siempre asumen las empresas, pero que en el caso de que éstas fueran sustituidas por empleados públicos pasarían a pertenecer al gasto del consistorio. Sin contar, añaden desde USO, el mayor nivel de absentismo laboral que existe en el cuerpo, que es notablemente superior al de la seguridad privada.
Los propios policías admiten que es sustancialmente más caro un policía que un vigilante. Así lo reconocen a El Confidencial fuentes de la corporación, que añaden que actualmente no hay policías ‘de oficina’ –destinados en despachos porque ya no tienen edad para trabajar en la calle– suficientes para cubrir las 800.000 horas anuales que echan los 485 vigilantes de seguridad contratados.
Así lo ven también desde la Asociación de Policía Municipal Unificada, que no se muestra contraria a la medida de Barbero siempre que haya personal, cosa que entiende que no ocurre actualmente.
Advierte, además, de que “en el momento actual” no sería adecuado “cubrir esos puestos con policías operativos, ya que conllevaría quitarlos del servicio que prestan a los ciudadanos” en la calle. Las primeras fuentes policiales mencionadas añaden que no habría más remedio que ampliar la oferta pública de empleo, y mucho, ya que tampoco sería bueno que los policías no operativos -de oficina- dejaran desocupadas sus plazas actuales, puesto que hoy por hoy estos agentes tienen funciones muy relevantes en tareas de violencia de género, departamentos especializados u oficinas de atestados de tráfico que no pueden desatender.
FUENTE: ELCONFIDENCIAL.COM
Leido este artículo, os puntualizamos dos cosas; lo primero es que nos acabamos de enterar, gracias a USO, que a los vigilantes nos pagan a 15€ la hora, cosa que ni rozan los vigilantes que están a punto de jubilarse en el sector. Además, estos sinvergüenzas tienen la jeta de defender nuestros puestos de trabajo en el Metro y en los edificios públicos, aclarando a los medios que somos más baratos porque tenemos menos derechos que nadie, cuando son ellos los que cada 2 por 3 nos venden a la patronal firmando convenios de mierda.
El plan anunciado por el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, para sustituir vigilantes de seguridad por policías en los edificios municipales no ha tenido buena acogida en unos ni en otros. Los primeros, como es lógico, porque ven amenazados sus puestos de trabajo.
Los segundos, por su parte, porque se temen que para llevarlo a cabo el Gobierno de Manuela Carmena tire de agentes que están en la calle.
Es “positivo” que el Ayuntamiento de Madrid “tenga la intención de crear nuevos puestos de trabajo, pero no a costa de destruir otros ya existentes y, por lo tanto, dejar en la más absoluta miseria a cientos de familias madrileñas”, señala Antonio Duarte, responsable de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, organización que además ha realizado un estudio sobre el coste que conllevaría la sustitución de los 485 vigilantes de seguridad que controlan los edificios municipales por policías. En concreto, Carmena tendría que rascarse el bolsillo hasta conseguir casi el triple del dinero que destina ahora para cubrir este servicio.
Según el cálculo de la USO, que se ha basado en los convenios colectivos de ambas plantillas, el servicio que actualmente prestan los vigilantes ronda los 12 millones de euros al año, cifra que resulta de multiplicar las 800.000 horas que hay contratadas con los 15 euros por hora que cobra un profesional privado. La sustitución de los 485 vigilantes que hacen este servicio por policías requeriría, en primer lugar, de un mayor número de funcionarios, ya que estos últimos gozan de más derechos laborales. USO calcula que, en concreto, sería necesario utilizar 670 agentes para cubrir el mismo cometido.
Los propios policías admiten que es sustancialmente más caro un policía que un vigilante
En total, 27,5 millones de euros anuales, una cifra en la que no están contabilizados, subrayan desde USO, conceptos como la uniformidad, los armeros, los ejercicios de tiro, las prejubilaciones o los seguros, conceptos todos ellos que siempre asumen las empresas, pero que en el caso de que éstas fueran sustituidas por empleados públicos pasarían a pertenecer al gasto del consistorio. Sin contar, añaden desde USO, el mayor nivel de absentismo laboral que existe en el cuerpo, que es notablemente superior al de la seguridad privada.
Los propios policías admiten que es sustancialmente más caro un policía que un vigilante. Así lo reconocen a El Confidencial fuentes de la corporación, que añaden que actualmente no hay policías ‘de oficina’ –destinados en despachos porque ya no tienen edad para trabajar en la calle– suficientes para cubrir las 800.000 horas anuales que echan los 485 vigilantes de seguridad contratados.
Así lo ven también desde la Asociación de Policía Municipal Unificada, que no se muestra contraria a la medida de Barbero siempre que haya personal, cosa que entiende que no ocurre actualmente.
Advierte, además, de que “en el momento actual” no sería adecuado “cubrir esos puestos con policías operativos, ya que conllevaría quitarlos del servicio que prestan a los ciudadanos” en la calle. Las primeras fuentes policiales mencionadas añaden que no habría más remedio que ampliar la oferta pública de empleo, y mucho, ya que tampoco sería bueno que los policías no operativos -de oficina- dejaran desocupadas sus plazas actuales, puesto que hoy por hoy estos agentes tienen funciones muy relevantes en tareas de violencia de género, departamentos especializados u oficinas de atestados de tráfico que no pueden desatender.
FUENTE: ELCONFIDENCIAL.COM
Leido este artículo, os puntualizamos dos cosas; lo primero es que nos acabamos de enterar, gracias a USO, que a los vigilantes nos pagan a 15€ la hora, cosa que ni rozan los vigilantes que están a punto de jubilarse en el sector. Además, estos sinvergüenzas tienen la jeta de defender nuestros puestos de trabajo en el Metro y en los edificios públicos, aclarando a los medios que somos más baratos porque tenemos menos derechos que nadie, cuando son ellos los que cada 2 por 3 nos venden a la patronal firmando convenios de mierda.
01 octubre, 2015
Denunciamos las emisoras de los vigilantes de Metro en Segur Ibérica
Los trabajadores que prestaban servicio en los
puestos de RUTAS (compuestas de dos componentes) en el Centro de Trabajo METRO;
hasta el momento portaban una emisora cada componente.
Desde hace unos meses la empresa les han
retirado un radiotransmisor (walkie) y se lo han sustituido por otra emisora de
diferente modelo programado a distinta frecuencia, que imposibilita que ambos
vigilantes se puedan comunicar entre sí a través de los mismos, y dejando a uno
de los dos componentes incomunicado ante una situación de emergencia o
cualquier otra situación que justifique el uso del mismo.
El problema viene cuando se alejan
físicamente un componente del otro, ante una incidencia; el trabajador que
porta la emisora nueva no puede ponerse en contacto con el Puesto de Control de
Seguridad para solicitar asistencia sanitaria, policía, bomberos, etc., tampoco
puede contactar con otros vigilantes o inspectores que estén en las estaciones,
y ni siquiera pueden contactar con su compañero de ruta. El vigilante que porta
la emisora nueva queda totalmente desprotegido e incomunicado.
Todas estas explicaciones no serían tan
graves si no fuese porque los componentes de las rutas se alejan físicamente
entre sí más de lo habitual, en situaciones como; desalojo de trenes y
estaciones, operativas de discotecas, manifestaciones, grandes aglomeraciones,
acompañamientos de SAMUR, etc.)
Los trabajadores no se niegan a portar este
nuevo radiotransmisor; lo que reivindican, y así nos lo han trasladado, es que ambos
componentes porten radiotransmisores con la misma frecuencia, para que los dos
componentes estén plenamente comunicados.
Debido al pasotismo y a la ineficacia de la empresa Segur Ibérica y del Comité de Salud Laboral, del que forman parte los miembros de UGT y USO, nos vemos en la obligación de poner en conocimiento del Inspector de Trabajo la siguiente denuncia:
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