Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró haber detectado que Seguridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presentando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de medias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la media de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%.
Ha habido casos excepcionales, explicó el técnico, en los que un solo empleado -doblando turnos- ha llegado a cobrar más de 20.000 e incluso hasta 40.000 euros en forma de dietas al año, unas cantidades absolutamente "estratosféricas" en comparación con el resto de compañías de seguridad. El inspector de Hacienda llegó a esta conclusión después de realizar un estudio comparado entre todas las empresas del sector. Según indicó ante la jueza Rosell, Seguridad Integral Canaria no ha explicado aún esa marcada diferencia entre las dietas que ha venido pagando hasta ahora en su empresa y las que se han abonado en el resto de empresas.
Y según el técnico, no solo en este asunto de las dietas, sino también en las indemnizaciones por despido. Muchos de los trabajadores a los que la empresa ha dicho que había despedido luego se ha comprobado que, según los datos de la propia compañía, siguen trabajando en la sociedad en los ejercicios posteriores, afirmó el inspector de la Agencia Tributaria.
El informe elaborado por el perito y entregado a la jueza el pasado 15 de junio aseguraba que la empresa de Ramírez ha defraudado nueve millones de euros a Hacienda y 12 millones más a la Seguridad Social por las citadas trampas contables desde 2009.
Los denunciantes, encabezados por el secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Antonio Duarte, han solicitado una ampliación de la querella a todas las empresas del conglomerado presidido por Ramírez así como la prisión provisional para el propietario del grupo con un millón de euros de fianza. La jueza Rosell aún no se ha pronunciado sobre esta iniciativa de los denunciantes.
La empresa de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Palacio Real, contratos que en total superan los 100 millones de euros. El empresario fue indultado por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Supremo- debido a la relación de amistad que Ramírez mantiene con el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Pero la batalla judicial no se libra únicamente entre dos partes. Durante las últimas semanas, la fiscala del caso -Evangelina Ríos- y la magistrada han tenido más que palabras en relación con el proceso que mantiene imputado a Ramírez. En concreto, la representante del Ministerio Público ha interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial que acusaba a la instructora de ralentizar la investigación.
La jueza, por su parte, ha elevado otro recurso ante la Fiscalía General del Estado para protestar por la actitud de la fiscala durante la instrucción judicial. Ambas quejas, sin embargo, han sido ya archivadas por los dos organismos superiores.
FUENTE: ELCONFIDENCIAL.COM
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