Hacienda denuncia "estratosféricas" dietas en Seguridad Integral Canaria (la 'favorita' del Gobierno)

La inspección de la Agencia Tributaria acusa a Seguridad Integral Canaria de falsear la realidad y presentar como dietas -exentas fiscalmente- conceptos salariales sujetos a retención.

   Hacienda tiene claro que el propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, ha maquillado la contabilidad de su empresa para presentar como si fueran dietas y kilometraje -exentos fiscalmente- otros conceptos salariales sujetos a retención y evitar así tributar por estos últimos gastos. Así lo puso en evidencia el informe que presentó la Agencia Tributaria ante la jueza de Las Palmas Victoria Rosell el pasado junio, ratificado la pasada semana ante la magistrada por el inspector que lo redactó.
   Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró haber detectado que Seguridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presentando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de medias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la media de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%.
   Ha habido casos excepcionales, explicó el técnico, en los que un solo empleado -doblando turnos- ha llegado a cobrar más de 20.000 e incluso hasta 40.000 euros en forma de dietas al año, unas cantidades absolutamente "estratosféricas" en comparación con el resto de compañías de seguridad. El inspector de Hacienda llegó a esta conclusión después de realizar un estudio comparado entre todas las empresas del sector. Según indicó ante la jueza Rosell, Seguridad Integral Canaria no ha explicado aún esa marcada diferencia entre las dietas que ha venido pagando hasta ahora en su empresa y las que se han abonado en el resto de empresas.

   El perito, que descartó tajantemente que haya habido un fraude generalizado de los trabajadores, aseguró durante su declaración que nada justifica que Seguridad Integral Canaria abonara esas dietas tan elevadas respecto al resto del sector. Parece bastante "claro y obvio", afirmó el experto de Hacienda, que la mercantil ha tratado de ocultar la realidad.
   Y según el técnico, no solo en este asunto de las dietas, sino también en las indemnizaciones por despido. Muchos de los trabajadores a los que la empresa ha dicho que había despedido luego se ha comprobado que, según los datos de la propia compañía, siguen trabajando en la sociedad en los ejercicios posteriores, afirmó el inspector de la Agencia Tributaria.
   El informe elaborado por el perito y entregado a la jueza el pasado 15 de junio aseguraba que la empresa de Ramírez ha defraudado nueve millones de euros a Hacienda y 12 millones más a la Seguridad Social por las citadas trampas contables desde 2009.
   Los denunciantes, encabezados por el secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Antonio Duarte, han solicitado una ampliación de la querella a todas las empresas del conglomerado presidido por Ramírez así como la prisión provisional para el propietario del grupo con un millón de euros de fianza. La jueza Rosell aún no se ha pronunciado sobre esta iniciativa de los denunciantes.
   La empresa de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Palacio Real, contratos que en total superan los 100 millones de euros. El empresario fue indultado por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Supremo- debido a la relación de amistad que Ramírez mantiene con el ministro de Industria, José Manuel Soria.
   Pero la batalla judicial no se libra únicamente entre dos partes. Durante las últimas semanas, la fiscala del caso -Evangelina Ríos- y la magistrada han tenido más que palabras en relación con el proceso que mantiene imputado a Ramírez. En concreto, la representante del Ministerio Público ha interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial que acusaba a la instructora de ralentizar la investigación.
   La jueza, por su parte, ha elevado otro recurso ante la Fiscalía General del Estado para protestar por la actitud de la fiscala durante la instrucción judicial. Ambas quejas, sin embargo, han sido ya archivadas por los dos organismos superiores.

 FUENTE: ELCONFIDENCIAL.COM

El Sindicato Nacional de Trabajadores vuelve a denunciar al Palacio de Aranjuez

    Hace unos pocos meses denunciamos que a los vigilantes de seguridad de la empresa Seguridad Integral Canaria en el Palacio de Aranjuez, el propio cliente les impedía portar la defensa reglamentaria, hecho que pusimos en conocimiento a Seguridad Privada, y en pocos días procedieron a solucionar con su visita al centro de trabajo.
   Pues bien, ahora volvemos a denunciar que a los vigilantes de dicho servicio les obligan a portar un documento tipo carnet, colgado en una zona visible, donde aparece su nombre, apellidos y su D.N.I.
   El número de teléfono, la dirección y sus aficciones lo han debido de omitir porque carecían de espacio que si no...
   Colgamos la denuncia presentada por nosotros a Seguridad Privada:

   Gracias Paulino (EPS-SNT) por informarnos de tal irregularidad e ilegalidad.

¿Por qué los vigilantes cobramos 600€ menos? por Adel

   Este es un video explicativo de porqué cobramos los vigilantes 600€ menos de lo que teníamos que cobrar a día de hoy.

Video currado por Adel  Ver aquí.

El plan de Carmena de sustituir vigilantes por policías triplicaría el gasto en seguridad

La Unión Sindical Obrera realiza un cálculo con base en los convenios colectivos mientras los agentes temen que el Ayuntamiento al final quite funcionarios de la calle para cubrir esas plazas

   El plan anunciado por el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, para sustituir vigilantes de seguridad por policías en los edificios municipales no ha tenido buena acogida en unos ni en otros. Los primeros, como es lógico, porque ven amenazados sus puestos de trabajo.
   Los segundos, por su parte, porque se temen que para llevarlo a cabo el Gobierno de Manuela Carmena tire de agentes que están en la calle.
Es “positivo” que el Ayuntamiento de Madrid “tenga la intención de crear nuevos puestos de trabajo, pero no a costa de destruir otros ya existentes y, por lo tanto, dejar en la más absoluta miseria a cientos de familias madrileñas”, señala Antonio Duarte, responsable de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, organización que además ha realizado un estudio sobre el coste que conllevaría la sustitución de los 485 vigilantes de seguridad que controlan los edificios municipales por policías. En concreto, Carmena tendría que rascarse el bolsillo hasta conseguir casi el triple del dinero que destina ahora para cubrir este servicio.
   Según el cálculo de la USO, que se ha basado en los convenios colectivos de ambas plantillas, el servicio que actualmente prestan los vigilantes ronda los 12 millones de euros al año, cifra que resulta de multiplicar las 800.000 horas que hay contratadas con los 15 euros por hora que cobra un profesional privado. La sustitución de los 485 vigilantes que hacen este servicio por policías requeriría, en primer lugar, de un mayor número de funcionarios, ya que estos últimos gozan de más derechos laborales. USO calcula que, en concreto, sería necesario utilizar 670 agentes para cubrir el mismo cometido.

   Este número de funcionarios habría que multiplicarlo, según las cuentas del sindicato, por 32.774 euros brutos anuales que cobra un policía de media, lo que daría como resultado 22 millones de euros. A este número, además, habría que sumarle 5,5 millones que es lo que cuesta la seguridad social de todos estos empleados, un concepto que en el caso de los vigilantes privados asume la empresa subcontratada.
   Los propios policías admiten que es sustancialmente más caro un policía que un vigilante
En total, 27,5 millones de euros anuales, una cifra en la que no están contabilizados, subrayan desde USO, conceptos como la uniformidad, los armeros, los ejercicios de tiro, las prejubilaciones o los seguros, conceptos todos ellos que siempre asumen las empresas, pero que en el caso de que éstas fueran sustituidas por empleados públicos pasarían a pertenecer al gasto del consistorio. Sin contar, añaden desde USO, el mayor nivel de absentismo laboral que existe en el cuerpo, que es notablemente superior al de la seguridad privada.
   Los propios policías admiten que es sustancialmente más caro un policía que un vigilante. Así lo reconocen a El Confidencial fuentes de la corporación, que añaden que actualmente no hay policías ‘de oficina’ –destinados en despachos porque ya no tienen edad para trabajar en la calle– suficientes para cubrir las 800.000 horas anuales que echan los 485 vigilantes de seguridad contratados.
Así lo ven también desde la Asociación de Policía Municipal Unificada, que no se muestra contraria a la medida de Barbero siempre que haya personal, cosa que entiende que no ocurre actualmente.
   Advierte, además, de que “en el momento actual” no sería adecuado “cubrir esos puestos con policías operativos, ya que conllevaría quitarlos del servicio que prestan a los ciudadanos” en la calle. Las primeras fuentes policiales mencionadas añaden que no habría más remedio que ampliar la oferta pública de empleo, y mucho, ya que tampoco sería bueno que los policías no operativos -de oficina- dejaran desocupadas sus plazas actuales, puesto que hoy por hoy estos agentes tienen funciones muy relevantes en tareas de violencia de género, departamentos especializados u oficinas de atestados de tráfico que no pueden desatender.
 FUENTE: ELCONFIDENCIAL.COM

   Leido este artículo, os puntualizamos dos cosas; lo primero es que nos acabamos de enterar, gracias a USO, que a los vigilantes nos pagan a 15€ la hora, cosa que ni rozan los vigilantes que están a punto de jubilarse en el sector. Además, estos sinvergüenzas tienen la jeta de defender nuestros puestos de trabajo en el Metro y en los edificios públicos, aclarando a los medios que somos más baratos porque tenemos menos derechos que nadie, cuando son ellos los que cada 2 por 3 nos venden a la patronal firmando convenios de mierda.
   

Denunciamos las emisoras de Metro

Denunciamos las emisoras de los vigilantes de Metro en Segur Ibérica

   Los trabajadores que prestaban servicio en los puestos de RUTAS (compuestas de dos componentes) en el Centro de Trabajo METRO; hasta el momento portaban una emisora cada componente.

   Desde hace unos meses la empresa les han retirado un radiotransmisor (walkie) y se lo han sustituido por otra emisora de diferente modelo programado a distinta frecuencia, que imposibilita que ambos vigilantes se puedan comunicar entre sí a través de los mismos, y dejando a uno de los dos componentes incomunicado ante una situación de emergencia o cualquier otra situación que justifique el uso del mismo.

      El problema viene cuando se alejan físicamente un componente del otro, ante una incidencia; el trabajador que porta la emisora nueva no puede ponerse en contacto con el Puesto de Control de Seguridad para solicitar asistencia sanitaria, policía, bomberos, etc., tampoco puede contactar con otros vigilantes o inspectores que estén en las estaciones, y ni siquiera pueden contactar con su compañero de ruta. El vigilante que porta la emisora nueva queda totalmente desprotegido e incomunicado.

   Todas estas explicaciones no serían tan graves si no fuese porque los componentes de las rutas se alejan físicamente entre sí más de lo habitual, en situaciones como; desalojo de trenes y estaciones, operativas de discotecas, manifestaciones, grandes aglomeraciones, acompañamientos de SAMUR, etc.)

   Los trabajadores no se niegan a portar este nuevo radiotransmisor; lo que reivindican, y así nos lo han trasladado, es que ambos componentes porten radiotransmisores con la misma frecuencia, para que los dos componentes estén plenamente comunicados. 

   Debido al pasotismo y a la ineficacia de la empresa Segur Ibérica y del Comité de Salud Laboral, del que forman parte los miembros de UGT y USO, nos vemos en la obligación de poner en conocimiento del Inspector de Trabajo la siguiente denuncia:

Pincha aquí para ver la denuncia completa.

Segur Ibérica, el comité de los desaparecidos

Defender tus derechos, nuestra razón de ser

Muere un vigilante del Hospital 12 de Octubre tras ser agredido por menores

Uno de los dos hombres que resultó herido de carácter grave la madrugada de este sábado, tras ser agredido por un grupo de menores, en el madrileño distrito de Carabanchel, falleció este sábado en el Hospital Clínico. El fallecido trabajaba como vigilante en el Hospital doce de Octubre, tenía 45 años y fue atacado junto a un compañero de 35 años poco antes de las 2.30 horas cuando los dos hombres, que se encontraban fuera de servicio, salieron de cenar de un restaurante y fueron reconocidos por el grupo de menores, que comenzaron a insultarles hasta propinarles una paliza.
Cuando los efectivos del Samur-Protección Civil se personaron en el lugar comprobaron que el hombre de 45 años sufría un traumatismo craneoencefálico con pérdida de consciencia, por lo que tuvo que ser intubado y trasladado hasta el Hospital Clínico, donde quedó ingresado.

Su compañero corrió mejor suerte, ya que los jóvenes agresores únicamente le produjeron un traumatismo en la cara, del que fue atendido en el Hospital Doce de Octubre. Tras recuperarse del golpe, el vigilante realizó un reconocimiento por la zona en compañía de una patrulla de la Policía Nacional, lo que le permitió identificar en un parque cercano a la calle Baleares, sin ningún género de dudas, a dos de los menores que supuestamente participaron en la agresión.

Tras la identificación, los agentes procedieron a detener a los dos jóvenes, que fueron puestos a disposición del Grupo de Menores (Grume) del Cuerpo Nacional de Policía.
Fuente: Europapress

Ocurrió en 2005...SNT NO olvida, DEP compañero

CCOO y UGT pierden durante la crisis el 44% de los afiliados, hasta 1,4 millones

Los efectos de la crisis económica han hecho también mella en los dos sindicatos mayoritarios del país, Comisiones Obreras y UGT, que han perdido en conjunto 1,4 millones de afiliados, un 43,7%, pasando de los 3,2 millones de asociados que declaraban en el año 2008 a sólo unos 1,8 millones a finales del último ejercicio.

Un descenso de afiliación que supone que hoy sólo el 10,1% de la población activa está asociada a uno de los dos grandes centrales sindicales, en su mayor parte pertenecientes a trabajadores con salarios que oscilan entre los 12.000 y los 60.000 euros.

Esta caída de la afiliación ha supuesto también una importante reducción de ingresos por cuotas, hasta aproximadamente 212 millones de euros anuales cuando en el año 2010 superaban los 270 millones.

A esta reducción de ingresos por cuotas, derivada de la pérdida de afiliación, se añade también la disminución de las aportaciones derivadas de las subvenciones que los Presupuestos Generales del Estado les asignan cada año por el desarrollo de la actividad sindical.

Unas subvenciones que en 2011 reportaron 6,12 millones de euros para UGT y 6,38 millones para CCOO, pero que en 2014 se limitaron a 8,88 millones de euros en conjunto, la misma cantidad que recibieron el año anterior, tras los recortes del 20% aprobados por el Gobierno de Rajoy en 2012 y 2013, y que ambas centrales estuvieron que repartirse, en proporción a su representatividad sindical.

Aunque las cuentas de la Unión General de Trabajadores han sido tradicionalmente uno de los secretos mejor guardados del país, responsables de la central que dirige Cándido Méndez han confirmado a el Economista que el sindicato ha perdido en los últimos seis años en torno a 100.000 afiliados netos, lo que dejaría el total de afiliación que paga las cuotas en 790.000 trabajadores, que generan 94 millones de euros anuales de ingresos.

Los citados dirigentes sindicales atribuyen la caída de la afiliación fundamentalmente al aumento del número de parados y al llamado efecto de tramitación, por el que muchos trabajadores se afilian a una central sindical para tramitar sus indemnizaciones y mientras duran los expedientes de regulación de empleo, para causar baja cuando se quedan en situación de desempleo.

Sin embargo algunos responsables de ambas centrales admiten que ha contribuido también el "deterioro del papel y de las actuaciones de los sindicatos en la sociedad y en la opinión pública española durante los últimos años", en paralelo a la desafección política.
Representatividad sindical

La cifras de ingresos de UGT es inferior a la reconocida por Comisiones Obreras que declara 1,2 millones de afiliados, aunque oficiosamente se admite que es menor, y unos ingresos por cuotas de 118 millones de euros. Cifra, en todo caso, muy por debajo de los 157 millones de euros que declaraban en el año 2011 y los 162 millones de 2010.

Desde la central que dirige Ignacio Fernández Toxo se matiza que los ingresos que genera el sindicato tienen una finalidad concreta: "la realización de cualquier actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores".

En este punto recuerdan también que Comisiones Obrera es el primer sindicato de España con mas de 130.000 delegados que representan el 39% del total, que han recibido más de 3 millones de votos en las elecciones sindicales y que conjuntamente con UGT suman el 76% de la representatividad sindical total en las empresas y en el sector público.

La cuota básica que paga un afiliado a UGT es de 11,05 euros al mes, aunque existe también una cuota reducida de 7,75 euros y otra de 5,55 euros para jubilados, mientras que a los parados sin ingresos se les aplica una cuota especial de sólo 3,3 euros mensuales.

Comisiones Obreras gestiona también en torno al 8% de los fondos disponibles para la formación para el empleo, cifra que supone unos 200 millones de euros en todo el territorio nacional .

Gestiona, además, otras subvenciones con carácter finalista por importe de unos 25 millones de euros, que se destinan a programas subvencionados para proyectos destinados a la integración de inmigrantes, igualdad de oportunidades y de trato, empleabilidad de jóvenes, ayudas a las mujeres, erradicación de la drogodependencia y de la violencia de género y de salud laboral.

Respecto a las cifras de afiliación, la central socialista se apuntaba con ocasión de su 41 congreso confederal en abril de 2013, 1.169.000 afiliados, frente a los 1.143.000 de CCOO. Sin embargo, dirigentes del sindicato admitían ya durante la reunión del Comité Confederal del pasado noviembre, que el número real estaría "claramente por debajo del millón de personas".
Reagrupamiento de sectores

El recorte de afiliación y de ingresos y la necesidad de "acometer los cambios internos necesarios para acompasar el funcionamiento del sindicato a las transformaciones que se están registrando en el mundo del trabajo y en la sociedad", han sido las causas que han llevado a la dirección de UGT a culminar el proceso de reagrupamiento de sectores y fusión de federaciones, para cambiar el modelo del sindicato hacia unas estructuras "sencillas, más ágiles y más eficaces volcadas en la acción sindical y en los centros de trabajo".

Proceso que ha llevado al Comité Confederal a adelantar a la primavera de 2016 la celebración del 42 congreso, en el que se precederá al relevo de la actual dirección y a aprobar una transformación de las estructuras, para las que el sindicato ha optado por reproducir el modelo alemán y proceder a un reagrupamiento de sectores y a la fundición de las seis federaciones sectoriales actuales en sólo tres muy potentes: Servicios Públicos, Industria y Servicios a la Ciudadanía.