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Muere un vigilante del Hospital 12 de Octubre tras ser agredido por menores

Uno de los dos hombres que resultó herido de carácter grave la madrugada de este sábado, tras ser agredido por un grupo de menores, en el madrileño distrito de Carabanchel, falleció este sábado en el Hospital Clínico. El fallecido trabajaba como vigilante en el Hospital doce de Octubre, tenía 45 años y fue atacado junto a un compañero de 35 años poco antes de las 2.30 horas cuando los dos hombres, que se encontraban fuera de servicio, salieron de cenar de un restaurante y fueron reconocidos por el grupo de menores, que comenzaron a insultarles hasta propinarles una paliza.
Cuando los efectivos del Samur-Protección Civil se personaron en el lugar comprobaron que el hombre de 45 años sufría un traumatismo craneoencefálico con pérdida de consciencia, por lo que tuvo que ser intubado y trasladado hasta el Hospital Clínico, donde quedó ingresado.

Su compañero corrió mejor suerte, ya que los jóvenes agresores únicamente le produjeron un traumatismo en la cara, del que fue atendido en el Hospital Doce de Octubre. Tras recuperarse del golpe, el vigilante realizó un reconocimiento por la zona en compañía de una patrulla de la Policía Nacional, lo que le permitió identificar en un parque cercano a la calle Baleares, sin ningún género de dudas, a dos de los menores que supuestamente participaron en la agresión.

Tras la identificación, los agentes procedieron a detener a los dos jóvenes, que fueron puestos a disposición del Grupo de Menores (Grume) del Cuerpo Nacional de Policía.
Fuente: Europapress

Ocurrió en 2005...SNT NO olvida, DEP compañero

CCOO y UGT pierden durante la crisis el 44% de los afiliados, hasta 1,4 millones

Los efectos de la crisis económica han hecho también mella en los dos sindicatos mayoritarios del país, Comisiones Obreras y UGT, que han perdido en conjunto 1,4 millones de afiliados, un 43,7%, pasando de los 3,2 millones de asociados que declaraban en el año 2008 a sólo unos 1,8 millones a finales del último ejercicio.

Un descenso de afiliación que supone que hoy sólo el 10,1% de la población activa está asociada a uno de los dos grandes centrales sindicales, en su mayor parte pertenecientes a trabajadores con salarios que oscilan entre los 12.000 y los 60.000 euros.

Esta caída de la afiliación ha supuesto también una importante reducción de ingresos por cuotas, hasta aproximadamente 212 millones de euros anuales cuando en el año 2010 superaban los 270 millones.

A esta reducción de ingresos por cuotas, derivada de la pérdida de afiliación, se añade también la disminución de las aportaciones derivadas de las subvenciones que los Presupuestos Generales del Estado les asignan cada año por el desarrollo de la actividad sindical.

Unas subvenciones que en 2011 reportaron 6,12 millones de euros para UGT y 6,38 millones para CCOO, pero que en 2014 se limitaron a 8,88 millones de euros en conjunto, la misma cantidad que recibieron el año anterior, tras los recortes del 20% aprobados por el Gobierno de Rajoy en 2012 y 2013, y que ambas centrales estuvieron que repartirse, en proporción a su representatividad sindical.

Aunque las cuentas de la Unión General de Trabajadores han sido tradicionalmente uno de los secretos mejor guardados del país, responsables de la central que dirige Cándido Méndez han confirmado a el Economista que el sindicato ha perdido en los últimos seis años en torno a 100.000 afiliados netos, lo que dejaría el total de afiliación que paga las cuotas en 790.000 trabajadores, que generan 94 millones de euros anuales de ingresos.

Los citados dirigentes sindicales atribuyen la caída de la afiliación fundamentalmente al aumento del número de parados y al llamado efecto de tramitación, por el que muchos trabajadores se afilian a una central sindical para tramitar sus indemnizaciones y mientras duran los expedientes de regulación de empleo, para causar baja cuando se quedan en situación de desempleo.

Sin embargo algunos responsables de ambas centrales admiten que ha contribuido también el "deterioro del papel y de las actuaciones de los sindicatos en la sociedad y en la opinión pública española durante los últimos años", en paralelo a la desafección política.
Representatividad sindical

La cifras de ingresos de UGT es inferior a la reconocida por Comisiones Obreras que declara 1,2 millones de afiliados, aunque oficiosamente se admite que es menor, y unos ingresos por cuotas de 118 millones de euros. Cifra, en todo caso, muy por debajo de los 157 millones de euros que declaraban en el año 2011 y los 162 millones de 2010.

Desde la central que dirige Ignacio Fernández Toxo se matiza que los ingresos que genera el sindicato tienen una finalidad concreta: "la realización de cualquier actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores".

En este punto recuerdan también que Comisiones Obrera es el primer sindicato de España con mas de 130.000 delegados que representan el 39% del total, que han recibido más de 3 millones de votos en las elecciones sindicales y que conjuntamente con UGT suman el 76% de la representatividad sindical total en las empresas y en el sector público.

La cuota básica que paga un afiliado a UGT es de 11,05 euros al mes, aunque existe también una cuota reducida de 7,75 euros y otra de 5,55 euros para jubilados, mientras que a los parados sin ingresos se les aplica una cuota especial de sólo 3,3 euros mensuales.

Comisiones Obreras gestiona también en torno al 8% de los fondos disponibles para la formación para el empleo, cifra que supone unos 200 millones de euros en todo el territorio nacional .

Gestiona, además, otras subvenciones con carácter finalista por importe de unos 25 millones de euros, que se destinan a programas subvencionados para proyectos destinados a la integración de inmigrantes, igualdad de oportunidades y de trato, empleabilidad de jóvenes, ayudas a las mujeres, erradicación de la drogodependencia y de la violencia de género y de salud laboral.

Respecto a las cifras de afiliación, la central socialista se apuntaba con ocasión de su 41 congreso confederal en abril de 2013, 1.169.000 afiliados, frente a los 1.143.000 de CCOO. Sin embargo, dirigentes del sindicato admitían ya durante la reunión del Comité Confederal del pasado noviembre, que el número real estaría "claramente por debajo del millón de personas".
Reagrupamiento de sectores

El recorte de afiliación y de ingresos y la necesidad de "acometer los cambios internos necesarios para acompasar el funcionamiento del sindicato a las transformaciones que se están registrando en el mundo del trabajo y en la sociedad", han sido las causas que han llevado a la dirección de UGT a culminar el proceso de reagrupamiento de sectores y fusión de federaciones, para cambiar el modelo del sindicato hacia unas estructuras "sencillas, más ágiles y más eficaces volcadas en la acción sindical y en los centros de trabajo".

Proceso que ha llevado al Comité Confederal a adelantar a la primavera de 2016 la celebración del 42 congreso, en el que se precederá al relevo de la actual dirección y a aprobar una transformación de las estructuras, para las que el sindicato ha optado por reproducir el modelo alemán y proceder a un reagrupamiento de sectores y a la fundición de las seis federaciones sectoriales actuales en sólo tres muy potentes: Servicios Públicos, Industria y Servicios a la Ciudadanía.

Embargos en las nóminas de los trabajadores

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El Tribunal Supremo invalida rebajar derechos laborales de manera retroactiva

• El alto tribunal considera que sólo puede hacerse con vistas al futuro

• Resuelve así el recurso presentado por la empresa Ariete Seguridad SA

• La compañía llegó a un acuerdo con los trabajadores en diciembre de 2013

• El pacto establecía un 'descuelgue' del convenio por razones económicas 

     El Tribunal Supremo ha invalidado la decisión apoyada por los trabajadores de una empresa de rebajar los derechos laborales que se les reconocían en el convenio colectivo del sector de manera retroactiva, ya que entiende que eso solo se puede hacer con vistas al futuro.

     En una sentencia, la Sala de lo Social del Supremo establece que apartarse de los derechos que recoge un convenio colectivo sectorial no puede tener efectos retroactivos, por mucho que, como es el caso, se apoye por la mayoría de los trabajadores.

     El alto tribunal resuelve así el recurso de la empresa Ariete Seguridad SA (ASSA) contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular el acuerdo al que llegó con los trabajadores el 9 de diciembre de 2013, por el que rebajaba los derechos colectivos de sus empleados en materia de jornada laboral y salario para todo el año 2013.

     Según la sala, es ilegal que la empresa (que entonces tenía 480 trabajadores) se aparte del convenio colectivo estatal del sector, en este caso el de empresas de seguridad 2012-2014, ya que vulnera la Ley y la Constitución, concretamente el artículo 9.3 de la Carta Magna, que establece la irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos.

  'Descuelgue del convenio'

    

  

     Sigue así la línea de lo que estableció el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante quien presentaron demanda de conflicto colectivo UGT y CC.OO., que anuló el acuerdo alcanzado con los trabajadores en lo que se refería a la retroactividad de sus efectos.

     ASSA presentó entonces un recurso de casación ante el Supremo, que ha analizado en su sentencia el ámbito de aplicación temporal que puede tener un acuerdo de "descuelgue" de convenio colectivo por razones económicas en materia de jornada laboral anual y salario, y más en concreto si puede tener efectos sólo a partir del momento en que se pacta o si es lícito que se acuerde retrotraer el acuerdo a un momento anterior.

     La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel López García de la Serrana, señala que es cierto que el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores (que regula los descuelgues) no limita expresamente la posibilidad de dar eficacia retroactiva al pacto, pero la existencia de esa restricción legal "está implícita en el texto" del convenio.

  Forzosa aplicación

     Esto es, argumenta, porque la norma "empieza estableciendo que el convenio colectivo obliga a todos los incluidos en su ámbito de aplicación 'durante todo el tiempo de su vigencia'".

     "De ese mandato se infiere -añade el Supremo- que el convenio colectivo es de forzosa aplicación mientras no se acuerde su parcial inaplicación, así como que esa inaplicación, el descuelgue o apartamiento de lo en él acordado sólo puede tener efectos a partir del momento en que se acuerda".

     ASSA alegaba que se habían infringido los artículos 84.2 y 86.1 del Estatuto de los Trabajadores, que dan plena libertad y autonomía a los negociadores de los convenios para fijar la vigencia de sus pactos y la aplicación los convenios de empresa, lo que autorizaría la retroactividad del descuelgue.

     El Supremo responde que en este caso no se está ante "un convenio colectivo negociado con plena libertad y autonomía que fije su vigencia", sino "ante un simple acuerdo por el que se concierta la inaplicación de ciertas condiciones del convenio colectivo de aplicación, lo que comporta que los efectos temporales del acuerdo, su vigencia, sea distinta por existir limitaciones que los negociadores de ese pacto deben respetar".

     Asimismo, recuerda que la única norma que contiene el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores sobre la vigencia de un pacto para apartarse de un convenio colectivo es la que limita su duración a la entrada en vigor de un nuevo convenio que sea aplicable en la empresa

   FUENTE: ELMUNDO.ES

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