08 agosto, 2016
22 julio, 2016
El Banco Popular prepara un ajuste de plantilla de hasta 3.000 empleados
La eficiencia supone una de las palancas de mejora que el grupo está buscando para sobrevivir en el entorno actual y, por este motivo, prepara ya un ambicioso ajuste de plantilla, tanto en la red como en los servicios centrales.
Según ha podido saber EXPANSIÓN, el banco presentará a finales de septiembre o comienzos de octubre un plan de reducción de personal de entre 2.500 y 3.000 empleados, lo que equivale a entre el 16% y el 20% de la plantilla total, según cifras de Popular a cierre del primer trimestre.
Las mismas fuentes señalan que se va a abrir a la vez un plan de prejubilaciones. En este sentido, la entidad cuenta con cerca de 3.000 empleados con una edad superior a los 55 años. A su vez, se prevé que se ponga en marcha un plan de bajas incentivadas.
Prejubilaciones
El banco, que presentará sus resultados del segundo trimestre el próximo 29 de julio, todavía tiene que fijar las condiciones definitivas que se van a aplicar. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que este proceso se debatió en el comité de dirección que se celebró a comienzos de esta semana y todavía no se ha transmitido ninguna información a los sindicatos.La última vez que el banco presidido por Ángel Ron abordó un proceso de este tipo fue cuando se produjo la unión con Banco Pastor en 2012.
FUENTE: EXPANSION.COM
19 julio, 2016
08 julio, 2016
La fiscalía francesa pide procesar a directivos de France Télécom por los suicidios de sus empleados
La empresa implantó una política de “desestabilización” de sus trabajadores, según la decisión judicial
La ola de suicidios que vivió France Télécom entre 2007 y 2010 ha culminado una importante etapa en los tribunales franceses. Tras varios años de investigación, la fiscalía de París ha pedido que se procese a siete exdirectivos por presunto acoso moral. La obsesión por los resultados económicos llevó a la empresa a iniciar una reestructuración con el despido de 22.000 empleados y el cambio de 14.000. Cerca de 60 se suicidaron en solo tres años. Muchos lo hicieron en su propia oficina y dejaron cartas explicando su desesperación. La empresa, cree la fiscalía, implantó un sistema para desestabilizar a los empleados.En las conclusiones de la fiscalía, recabadas el pasado 22 de junio, esta pide al juez de instrucción que procese al expresidente Didier Lombard. Le acusa de acoso moral a él y dos de sus máximos colaboradores. A los otros cuatro los considera colaboradores de dicho acoso. La mayoría de ellos sigue trabando en la empresa, aunque a un nivel inferior, según ha informado a este periódico el delegado sindical de la CGT Thierry Franchi.
Orange (antes France Télécom) se ha negado a valorar el fondo de la cuestión. “Es solo una etapa más del proceso. Hay que esperar sobre todo a la decisión del juez de instrucción, que llegará en unas semanas”, ha comentado un portavoz a este periódico. Claudia Chemari, la abogada de la compañía, ha asegurado a la radio France Info que todas las argumentaciones en contra de las acusaciones están convenientemente presentadas ante la justicia.
La decisión de la empresa de reorganizarse y aumentar sus beneficios, tomada en 2006, fue, según todos los indicios, el detonante del drama. Lombard estaba determinado a poner en marcha la operación y lograr la reducción de la plantilla, que entonces era de 110.000 empleados. “Lo haré [los despidos] de una forma u otra, por la ventana o por la puerta”.
Sus palabras fueron trágicamente premonitorias. Algunos de los empleados se quitaron la vida saltando desde las ventanas de sus oficinas. A los 58 que en total se contabilizaron entre 2008, 2009 y 2010 hay que añadir decenas de tentativas y procesos de ansiedad y depresión. Según la fiscalía, la empresa utilizó todo tipo de métodos para desestabilizar a los empleados, además de ofrecer bonificaciones a los cuadros que lograran más bajas. Para ello, se cambiaba repentinamente el puesto de trabajo, se modificaban los objetivos, se dejaba al empleado sin silla ni mesa durante semanas, se prohibía disentir o se desvalorizaba al trabajador. Un médico de empresa, que ha hablado de forma anónima con Libération, asegura que los empleados empezaron a sufrir graves procesos de ansiedad y depresión y ha relatado estos sistemas que quebraban a los empleados.
En 2009, los sindicatos ya dieron la voz de alarma y presentaron una denuncia contra la dirección de la empresa. Un año más tarde, la inspección de trabajo reflejó la brutalidad de los métodos, razón por la cual la fiscalía de París abrió una investigación por “acoso moral y puesta en peligro de la vida de terceros”.
La alarma social por este caso fue enorme. Un empleado irrumpió en una reunión de la empresa con un cuchillo clavado en el abdomen. Muchos murieron defenestrados. Algunos dejaron a sus familiares cartas que evidenciaban su desesperación.
“Este proceso va a permitir primero hacer justicia con las víctimas y sus familias”, dice Franchi. “Va a permitir también la denuncia de métodos de gestión inaceptables que hoy se siguen aplicando en muchas empresas.
La dirección de la empresa cambió en 2010. Los brutales sistemas quedaron en el olvido y en 2012 un sondeo interno indicaba que el clima laboral se había normalizado, si bien en 2011 todavía hubo algún caso. El más llamativo, el de un empleado que se inmoló a lo bonzo en el párking de la oficina. A Lombard le sustituyó Stéphane Richard, exjefe de gabinete de la entonces ministra de Economía y hoy directora del FMI Christine Lagarde. Richard sigue al mando de la firma, hoy Orange, la principal operadora de Francia.
A todos los vigilantes de seguridad de Metro de Madrid - Animales en el Metro.
Buenas tardes, en relación a la Circular que metro difundió con número 67/16 en relación al ACCESO CON ANIMALES DOMÉSTICOS A LA RED DE METRO, y debido a que esto puede llegar a tener una repercusión directa sobre los Vigilantes de Seguridad bien sean por reclamaciones o incluso físicas por altercados con los canes, queremos aconsejaros de cómo actuar en referencia a dicha circular;
Primero.: La comunicación sobre este asunto se empezó a repartir la circular a los Vigilantes de Seguridad el mismo día 06.07.2016, es decir el mismo día que entraba en vigor dicha medida. Esta venia del Área de Gestión Operativa del mismo Metro, con las indicaciones pertinentes y prohibiciones.
Segundo.: No se han impartido cursos específicos , ni tenemos formación sobre cómo proceder en los supuestos contemplados, ya que no poseemos la capacidad material ni legal, para hacerlos cumplir.
- No poseemos un lector para ver si tiene microchip, no podemos pedir la cartilla de vacunaciones, la medida de las cadenas puede variar según juicio, los bozales o llevarlos sueltos pueden llegar a darse situaciones donde el Vigilante de Seguridad pueda verse comprometido bien en su propia seguridad o en acciones administrativas (reclamaciones).
Tercero.: Las medidas que tienen que cumplirse para proceder a viajar con los canes, no son controlables por el personal de Seguridad, que si ve a su juicio alguna irregularidad como medida se pondrá en conocimiento inmediato del Puesto Central de Seguridad (Sala3) al fin de evitar un perjuicio directo o indirecto en nuestras funciones y persona por terceros.
Cuarto.: Es recomendable no intervenir bajo ninguna circunstancia, salvo necesidad urgente, se solicitará Policía Nacional si se estima oportuno para poder intervenir.
Quinto.: Quedará todo bien reflejado en el parte de servicio.
Sexto.: Cuidado con las reyertas que porten canes, pues puede ser peligroso para nuestra integridad, ya no que tengamos que mediar con bandas que porten armas blancas, palos, cadenas etc, como se hace habitualmente, si no, que la utilización de canes en reyertas puede ser muy peligrosa, no acercarse y avisar inmediatamente a l Puesto Central de Seguridad (Sala3).
Séptimo.: Este comunicado por parte del SNT es meramente informativo y aconseja una serie de actuaciones para salvaguardar en todos los sentidos al Vigilante de Seguridad.
27 junio, 2016
El Supremo tumba el indulto del Gobierno al nuevo capo de la seguridad privada
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el indulto al controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de uno de los conglomerados que más contratos de seguridad privada ha conseguido de la Administración Pública durante esta legislatura, Seguridad Integral Canaria, y presidente del club de fútbolUnión Deportiva Las Palmas. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, los magistrados han dictaminado que se debe anular la medida de gracia que le otorgó el Gobierno en noviembre de 2013 porque la resolución no tuvo en cuenta la posición del tribunal que le juzgó.
El indulto tramitado por el Ministerio de Justicia permitió a Ramírez evitar la cárcel. La Audiencia Provincial de Las Palmas le condenó en julio de 2011 por la ejecución de obras ilegales “a tres años y un día de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción por tiempo de tres años y un día, y a la pena de veinticuatro meses y un día de multa con una cuota diaria de sesenta euros”, además de obligarle a demoler la construcción ilegal.
Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy estimó su petición de indulto y le rebajó al condena de tres años y un día de prisión a sólo dos años, permitiéndole de ese modo escapar del paso por la cárcel. El Ejecutivo justificó esa decisión alegando que el presidente de Seguridad Integral Canaria no tenía antecedentes penales y que carecía de cualquier tipo de peligrosidad criminal, a pesar del criterio contrario de la Fiscalía y del Juzgado de Primera Instancia que lo juzgó.
La relación con el ministro Soria
El Alto Tribunal ha tumbado ahora esa resolución al considerar que el Gobierno no tuvo en cuenta la opinión de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el órgano que condenó finalmente a Ramírez. Tampoco habría sido escuchada la "parte ofendida por el delito" que cometió el empresario, tal y como exige la Ley de Indulto.
Además de las consecuencias penales que tiene, el dictamen añade nuevas dudas sobre el apoyo que Seguridad Integral Canaria ha encontrado en el Gobierno desde el inicio de la legislatura, una relación cuestionada también por la gran amistad que Ramírez mantiene con uno de los miembros del Ejecutivo, el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Como publicó este diario, el Ministerio de Defensa adjudicó el pasado mes de septiembre los servicios de vigilancia, alarma y seguridad de todas sus instalaciones a la compañía del empresario al que había indultado un año antes. En concreto, la compañía del presidente de la UD Las Palmas se llevó el primer y más importante lote del concurso, valorado en 31,8 millones de euros, tras conseguir una mejor puntuación que Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece.
Investigación por delito fiscal
En el proceso no sólo no se tuvo en cuenta la condena por un delito urbanístico del máximo responsable de la firma adjudicataria, sino que también se desechó que la Agencia Tributaria investiga a la empresa por haber defraudado 2,3 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 2008 y 2009 “al pagar fuera de la nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas”. La propia Agencia Tributaria está personada en el procedimiento que se instruye contra Ramírez por esos hechos.
Con todo, ninguno de esos casos fueron un obstáculo para que la compañía de seguridad, que hasta hace unos años tenía cifras de negocio más que modestas, lograra un nuevo contrato millonario de un organismo público dependiente del Ejecutivo. El pasado mes de marzo, Patrimonio Nacional le adjudicó la vigilancia y la seguridad de todos los edificios históricos que gestiona por un importe de 11 millones de euros. La institución encuadrada en Presidencia del Gobierno emitió un comunicado para defender la legalidad del concurso y aclarar que Seguridad Integral Canaria había certificado que estaba al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda.
Fuente: ELCONFIDENCIAL.ES



















