Operación Zeta La trama de las subvenciones ya salpica a 67 personas y asociaciones
La jueza las cita como imputadas en la causa de los cursos de formación
A día de hoy, ya son 67 los imputados por la
trama de las subvenciones. Y todos ellos han pasado por el Juzgado de
Instrucción número 6 de A Coruña. Siete custodiados por la Policía, pues
fueron puestos a disposición judicial tras ser detenidos, y el resto
solo acompañados de un abogado. Unos quisieron declarar y otros no. Unos
dejaron en mal lugar a los principales cabecillas de la trama y otros
no. Unos no se acordaban de casi nada y otros de todo o de casi todo.
De la trama de los cursos de formación solo se
sabe lo que la policía y la jueza pudieron deducir de los pinchazos y
registros, porque poco o nada se pudo sacar a los principales imputados
en sus comparecencias ante el juez, pues se negaron a declarar. Son el
empresario coruñés y supuesto cabecilla de la trama, Gerardo Crespo;
tres de sus trabajadoras de confianza, Margarita O.N, Mercedes G.R. y
Susana L.O; el presidente de la Confederación de Autónomos (Caype),
Eliseo Calviño; el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia,
Francisco Javier Pérez Bello, y el director de la feria de autónomos,
José Luis Fraga. A todos ellos se les imputa delitos de fraude de
subvenciones y estafa, malversación de caudales públicos y delitos
instrumentales conexos, como falsificación o blanqueo.
Según el grupo de delincuencia económica de la
Policía Nacional, esos siete imputados idearon o ejecutaron un plan para
nutrir sus empresas o sus bolsillos de dinero público procedente de
subvenciones para cursos de formación, fomento de empleo o ayuda a
discapacitados. Una vez que recibían el dinero, se lo repartían. A veces
ni siquiera realizaban el curso y otras lo realizaban mal, añade la
policía, que coloca a Crespo, Calviño y Pérez Bello en lo alto de la
trama y el resto como meros «brazos ejecutores».
La lista de los otros 60 imputados la forman
cargos de la administración, presidentes de entidades profesionales
-autoescuelas, clínicas privadas, funerarias, hosteleros...-, vecinales o
empresariales. Así, del sumario destacan los nombres, aparte de los
principales imputados, de responsables de asociaciones, como María de
los Ángeles de la Iglesia Daviña, que es la presidenta la Federación
Provincial de Asociaciones Comarcales de Empresarias, Profesionales y
Emprendedoras de A Coruña (FEDACEPE); Juan Manuel Becerra Vázquez,
presidente de la Federación Gallega de Servicios Funerarios; José Manuel
López Marín, presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas;
Lisardo Domínguez Rodríguez, secretario general de Unión de Profesionais
e Traballadores Autónomos de Galicia (Upta); y José Luis Rodríguez
Dacal, presidente de la Federación de Farmacias de Galicia; Héctor
Cañete del Campo, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y
de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (Cehosga).
Todos ellos están imputados por los mismos delitos, por fraude de
subvenciones y malversación de caudales públicos.
También aparecen sindicalistas en la lista de los
que fueron llamados a declarar como imputados por los mismos delitos
que los anteriores, como Alfonso Ares Mejuto, responsable de formación
de USO y Antonio Duarte, secretario general del sindicato.
J unto a ellos, aparecen los nombres de
funcionarios o altos cargos de la administración, como Luis Álvarez
Freijido, ex delegado de Benestar y ex alto cargo de la Diputación
coruñesa; Odilio Martiñá Rodríguez, ex director xeral de Relacións
Laboráis de la Xunta; Joaquín Vila Sampayo, ex jefe de servicio de la
Consellería de Traballo; y María Isabel Caramés González, jefa de
servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo; y Esther
Álvarez Fernández, directora técnica del instituto de Consumo.
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