El Gobierno lo tiene bien difícil. El decreto de la estiba no ha conseguido superar la votación del Congreso.
La única posibilidad pasa ahora porque el Gobierno reanude la
negociación y traiga otra propuesta que recoja posibles acuerdos que
alcancen empresas y trabajadores. A la espera de que esta fórmula
encuentre un cauce, España se asoma al pago de una multa de 23 millones de euros más otra de carácter coercitivo de 134.107 euros diarios
a partir de que se dicte la segunda sentencia del tribunal de justicia
europeo que está a punto de producirse. El decreto Ley ha sido tumbado
con 175 votos en contra, frente a los 142 a favor y 33 abstenciones,
entre ellas la de Ínigo Errejón, que se ha equivocado al votar.
El
ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pidió a las formaciones
parlamentarias que hagan gala de "sentido de estado" y voten a favor del
decreto para evitar un "daño a todos los españoles". Pero no lo logró.
El Gobierno, en principio, creía tener el apoyo de Ciudadanos. No le
habría bastado pero le daba aliento para intentar convencer a otros
grupos. Finalmente, el partido de Albert Rivera dio marcha atrás y optó
por la abstención. C's critica al Gobierno por haberse precipitado
cuando todavía tenía de plazo hasta el 2 de abril, y sin embargo haber
decidido traer hoy un decreto sin votos suficientes para aprobarlo. "No
hay discrepancia en el fondo pero sí en el momento", ha dicho Rivera
quien ha pedido al Gobierno que siga sentado en la mesa de negociación y
ha reprochado al PSOE su actitud de bloqueo.
El decreto que se pretendía convalidar tiene sólo cuatro artículos
que, tal y como explicó el ministro, dan cumplimiento "estricto" a las
exigencias de la Comisión Europea de poner fin al llamado registro de
estibadores -o lista cerrada de trabajadores- al cual hasta ahora deben
acudir obligatoriamente las empresas portuarias para llevar a cabo las
labores de estiba.
En definitiva, se pretende acabar con lo que
desde Bruselas se considera un monopolio que infringe las normas de la
libre competencia y la libre contratación violando el artículo 49 del
Tratado de la Unión.
De la Serna insistió en que el Gobierno no
ha tenido margen para negociar porque ha debido moverse estrictamente en
los límites impuestos por la Comisión Europea que ha tumbado una y otra
vez las diferentes propuestas de acuerdo remitidas desde España. Y
añadió que si se convalida el decreto además de evitar la multa de la
Comisión, que desistiría de inmediato, se procedería a una
reestructuración del sector dando garantías del mantenimiento del
empleo.
Unidos Podemos ha cargado contra la propuesta que
considera "salvaje" y que, ha dicho su representante, el Gobierno ha
intentado sacar adelante "cambiando cromos y mercadeando".
El
portavoz del partido morado se ha hecho acompañar desde la tribuna de
invitados de una decena de representantes de los estibadores que han
respondido a su saludo con el puño en alto coreados por los
representantes de Podemos.
"El interés por ser capataces de la
oligarquía está poniendo en juego el futuro de este país. Los salarios
no pueden ser siempre los culpables. Detrás de la estiba intentarán
otras especulaciones. Nos quieren llevar a la miseria", ha recalcado el
diputado de Podemos.
Ha reclamado responsabilidades políticas que
deberían sustanciarse bien con la dimisión del ministro Iñigo de la
Serna, bien con la del secretario de Estado, Julio Gómez Pomar.
Tampoco
han votado a favor de la convalidación ERC, Compromís, Bildu, Nueva
Canarias o Coalición Canaria. Ni el PSOE, que ya advirtió de que si no
había un acuerdo previo su voto sería de rechazo. Los socialistas, que
admiten la necesidad imperiosa de llegar a un pacto para cumplir con lo
que reclama la sentencia europea, han urgido al ministro de Fomento a
sentarse de nuevo a la mesa de negociación y no cejar en el empeño hasta
lograr un acuerdo.
El portavoz del PP ha recordado que ahora los
españoles tendrán que apechar con la multa. La sanción, afirmó, "sería
dinero suficiente para pagar la contratación de mil médicos".
"El
PP cuando tiene margen negocia, pero aquí no hay margen porque de lo
que se habla es de una condena", aseguró antes de recalcar que "el
proceso es imparable".
Los populares han llegado a reprochar al
PSOE que no quiera hacerse una foto junto al Gobierno de España hasta
que no pasen sus primarias, por miedo a una victoria de Pedro Sánchez.
El
debate se fue tensando poco a poco hasta llegar a cruzarse acusaciones
entre Podemos y el PP. Los populares acusaron a Podemos de proferir
amenazas contra ellos y contra los periodistas y los de la formación
morada respondieron tachándoles de "matones".
Fuente: elmundo.es