Fomento considera imprescindible que esta negociación se desarrolle en un clima de normalidad que favorezca el diálogo y el entendimiento. Con esta medida, añade, se evita un grave perjuicio para los puertos y para la economía española, así como los inconvenientes que se pudieran causar a los ciudadanos.
Al hilo de ello, el Puerto de Barcelona ha lamentado que las Autoridades Portuarias no hayan tenido la oportunidad de participar en las negociaciones y en el análisis de la situación del colectivo. “Sólo en esta etapa final, después de que el Ministerio de Fomento informara a los sindicatos y a los empresarios del contenido del real decreto, se nos ha informado directamente de la situación, tanto en lo que respecta al texto que se pretende aprobar como a las negociaciones mantenidas en la última semana”, ha sostenido el Puerto de Barcelona en un comunicado.
En este sentido, el enclave portuario ha expresado su preocupación por las jornadas de huelga anunciadas , y, si bien ha reconocido el derecho legítimo a huelga de los trabajadores, ha apelado al “sentido común y responsabilidad” de todas las partes.
Consciente de los efectos que pueden tener estas jornadas de huelga sobre la economía, el Puerto de Barcelona se había puesto a disposición de entidades, empresas, operadores y usuarios para facilitar información e intentar reducir el impacto negativo.
El Puerto ha lamentado que las terminales portuarias hayan registrado algunos días “rendimientos por debajo de lo habitual” y que algunas de las instalaciones hayan sufrido actos vandálicos, lo que ha considerado inaceptable.
Por ello, ha pedido “profundizar en el diálogo y la negociación”, y ha confiado en que todas las partes sean capaces de generar acuerdos para mantener la productividad y los crecimientos alcanzados en los últimos años por el Puerto.
El real decreto ley sobre la reforma del modelo de la estiba pendiente de aprobación -en cumplimiento de una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre de 2014- tendrá que ser posteriormente convalidado por el Congreso en el plazo de un mes.
FUENTE: LAVANGUARDIA.COM